Fedea desmonta el relato de Sánchez para el 29-N y avisa de que las pensiones no son sostenibles pese al empleo
El 'think tank' avisa de que los gastos crecen un 40% más que los ingresos
Desde que anunciara la convocatoria electoral, el presidente Pedro Sánchez ha dedicado mucho tiempo a remover el caladero de votos de los pensionistas y a azuzar el espantajo de un supuesto tijertazo en caso de que la oposición alcance el Gobierno. Todo ello, con la premisa de que la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social «está garantizada» -Sánchez dixit-, una afirmación que por muy seductora que sea, lo cierto es que atenta contra el sentido común de la mayor parte de los oyentes.
Por enésima vez, este lunes los expertos le han recordado al inquilino de la Moncloa por dónde flaquea su argumentario. Hoy le ha tocado el turno al think tank Fedea, que en un informe durísimo desmonta uno a uno los tres ejes en los que se apoya el optimismo gubernamental: los buenos datos de empleo, los más de 15.000 millones que hay en la llamada hucha de las pensiones y un informe de la Airef del que el Gobierno ha venido haciendo una lectura interesada.
Con respecto a lo primero, el estudio apunta un dato esclarecedor, y es que entre 2022 y 2025 los ingresos contributivos de la Seguridad Social -es decir, lo que gana solo por las contribuciones de los trabajadores- aumentaron en términos reales en unos 15.900 millones de euros, mientras que los gastos contributivos lo hicieron en 22.400 millones, de los que 17.500 corresponden a las pensiones contributivas de la Seguridad Social. Dicho en otros términos, esto significa que en el periodo analizado las obligaciones de gasto crecieron un 40% más que la generación de caja, y esto sucedió a pesar de los datos récord de empleo de los que presume el Ejecutivo.
En efecto, el número de ocupados ha pasado de 19,24 millones en el primer trimestre de 2021 a 22,78 millones en el segundo trimestre de 2026, pero aun así el déficit contributivo ha crecido cada año desde 2022, de 47.700 a 54.300 millones de euros; de nuevo, por ‘déficit contributivo’ se entiende aquel que se obtiene de excluir del análisis las transferencias que tiene que hacer el Estado para mantener a flote el sistema, una operación contable necesaria ya que el Ejecutivo tiende a recurrir a la trampa de meter estas transferencias presupuestarias en el guiso, hecho que lo único que hace es transferir el déficit de una partida a la otra, como si así desapareciera.
¿Y qué hay de la reforma laboral? Bien es cierto que esa medida redujo «con claridad» -dice Fedea- la temporalidad contractual, pero no se tradujo en un aumento equivalente de las cotizaciones debida la caída en la duración media de los nuevos contratos indefinidos ordinarios de los jóvenes (entre otras cosas). De hecho, la propia AIReF no atribuye a la reforma «ningún efecto sobre los ingresos del sistema», recuerda el ‘think tank’.
También merece comentario aparte la cifra de 2,51 cotizantes por pensionista que publica el Ministerio de Inclusión. Con los mismos 22,44 millones de afiliaciones medias de septiembre y los 9,54 millones de pensionistas del INSS, la ratio es de 2,35, y de 2,13 si se toman las pensiones en lugar de los pensionistas. El dato oficial solo se aproxima si se suman a las afiliaciones una parte de los desempleados por los que cotiza el Servicio Público de Empleo Estatal, cotizaciones que se financian con transferencias del Estado. Con cualquiera de las definiciones, la mejora desde 2021 es de algo más de una décima.
«Las cifras revisadas en esta nota no permiten hablar de un sistema al borde de la quiebra, porque un sistema de reparto respaldado por el Estado puede seguir pagando sus prestaciones mientras el Estado esté dispuesto a cubrir su déficit y los mercados a financiar la deuda que ello genera», señala Calvo.
Sin embargo, añade que «tampoco permiten sostener que el sistema sea financieramente sostenible en el sentido que le dan los defensores de su situación actual».
(habrá ampliación)
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