La fábrica de Altri que Greenpeace y BNG buscan parar aportará 9.000 millones al PIB de España en 20 años

La fábrica que la multinacional Altri quiere construir en Palas de Rei (Galicia) aportaría al Producto Interior Bruto (PIB) de España alrededor de 8.927 millones de euros, según refleja el informe de impacto socioeconómico de GAMA elaborado por Valora Consultores. En Galicia, las instalaciones aportarían un crecimiento económico de 7.522 millones de euros. Sin embargo, el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) y la asociación ecologista Greenpeace se oponen a que la empresa desarrolle este proyecto.

Así, mientras el BNG y Greenpeace se oponen a la fábrica de Altri, ésta supondría un impulso económico para la comarca que la situaría en una posición de referencia a nivel nacional.

Y es que la actividad de estas instalaciones tendría un impacto anual medio sobre el PIB de España de 406 millones de euros. Si se tiene en cuenta el periodo previsto de funcionamiento, desde 2025 hasta 2046 (22 años), esta cantidad se elevaría a los 8.927 millones.

Impacto de la fábrica de Altri en España

Por cada euro movilizado de forma directa en España, la fábrica generaría 2,5 euros. En Galicia, el impacto anual medio sobre su PIB de sólo su construcción ascendería a los 176 millones y el impacto de su operación giraría en torno a los 324 y 373 millones de euros.

Es decir, de cada euro movilizado de forma directa en Galicia, la actividad de esta industria generaría 3 euros, algo que repercutiría con fuerza en la economía de la región.

Esta riqueza generada tendría también consecuencias muy positivas para el empleo, especialmente en Palas de Rei y en los municipios adyacentes. Valora Consultores prevé que Altri cree 500 puestos de trabajos directos y hasta 3.690 indirectos e inducidos en España. En Galicia, generaría todos los directos y 3.108 de los indirectos.

La contribución a la generación de empleo podrá ayudar a atajar cuestiones demográficas, tanto del entorno local como de la comunidad autónoma de Galicia, como son la despoblación y el envejecimiento poblacional.

Pese a todos estos datos, tanto BNG como Greenpeace presionan para que la comarca pierda la oportunidad de tener esta industria, con todas las consecuencias que esto podría conllevar.

El proyecto de Gama, la fábrica de fibras textiles biodegradables que Altri desarrolla en Palas de Rei, ha obtenido la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable por parte de la Xunta de Galicia. Es decir, la fábrica cumple con toda la normativa y ha sido revisada por profesionales y técnicos.

De hecho, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pidió «respeto a los técnicos» que emitieron los informes para que la declaración de impacto ambiental del proyecto fuese favorable, tras las críticas que ha suscitado esta declaración ambiental positiva entre estos colectivos.

La manifestación del sábado

El sábado, el BNG y varias asociaciones se han movilizado en contra de esta fábrica. Ante esta situación, la secretaria del PP de Galicia (PPdeG), Paula Prado, ha asegurado que las «amenazas, alboroto y manifestaciones protagonizadas» por estos grupos van «en contra» de los gallegos, porque «se oponen a la posibilidad de ofrecer empleo a los jóvenes y fijar población en el rural».

Así, el partido que gobierna en la comunidad autónoma ha dado las gracias a las compañías que quieren «generar riqueza, fijar población en el rural y ofrecer oportunidades de futuro», especialmente en Galicia.

La representante de la formación azul ha explicado que el proyecto que Altri quiere poner en marcha en Palas de Rei cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental favorable «avalada con rigurosidad, transparencia y seriedad de los 34 informes elaborados por 42 técnicos de la Xunta». «Los gallegos pueden estar tranquilos», ha asegurado Prado.

Greenpeace condenado por difamación

Precisamente, esta semana se ha conocido que la Justicia de Estados Unidos (EEUU) ha condenado a Greenpeace a pagar 660 millones de dólares (alrededor de 605 millones de euros) en daños y perjuicios a la petrolera Energy Transfer por difamación.

En concreto, un jurado de nueve personas ha emitido el veredicto después de un juicio que ha durado tres semanas. La petrolera afectada por Greenpeace, con sede en Dallas, demandó a esta organización por 300 millones de dólares en 2019, acusando al grupo ambientalista de planificar protestas, difundir información errónea y causarle pérdidas financieras a través de daños a la propiedad y la caída de ingresos.

Greenpeace destaca por su hostilidad a este tipo de compañías, algo que afecta incluso a España. Hace un año, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, afirmó que esta ONG no era ética: «Nos están pidiendo que dejemos de producir petróleo y gas y ¿ustedes dicen que son sostenibles, sociales y éticos pidiéndonos eso?, ¿cómo va a llenar este mundo las necesidades de energía que tiene?».