La España insostenible: más personas cobran su nómina del sector público que de la empresa privada

Sostener el Estado del Bienestar en España es cada vez más complicado. El envejecimiento de la población, que está amenazando la estabilidad del sistema de pensiones a largo plazo; el incremento del número de funcionarios; y un desempleo estructural especialmente elevado en comparación con el resto de los grandes países desarrollados son algunas de las gotas que colman el vaso.

Con los últimos datos disponibles, en España hay cerca de 15 millones de personas (concretamente 14,6 millones) que cobran su sueldo del sector público, un dato especialmente relevante si se tiene en cuenta que hay sólo 13,1 millones de asalariados privados en el país. En definitiva, que hay más personas que cobran un salario del sector público que de la empresa privada.

9,7 millones de pensionistas

El colectivo más abultado, y que más seguirá creciendo debido al envejecimiento de la población, es el de los pensionistas. En la actualidad hay 9,7 millones de jubilados que reciben cada mes su jubilación por parte de la Seguridad Social. Un artículo reciente del Instituto BBVA de pensiones destaca que es probable que en 2050 haya 1,3 jubilados por cada persona en edad de trabajar (entre 20 y 64 años). El análisis recuerda que, “teniendo en cuenta que de esa población con posibilidad de trabajo no todos estén empleados, se llegará a nivel de una persona activa que tendrá que mantener a un pensionista”.

En la actualidad uno de cada cuatro municipios (1.851) cuenta con más jubilados que personas cotizando a la Seguridad Social. Y en un tercio de municipios (2.129) ya hay un trabajador por cada persona jubilada.

3,2 millones de empleados públicos

A esto se suma que en España hay 3,2 millones de empleados públicos, según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística del primer trimestre de 2019. En el cuarto trimestre de 2013 había 2,9 millones, 300.000 trabajadores de la Administración menos, a pesar de que es evidente que en los últimos años no se ha producido una mejora de la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos verdaderamente llamativo y que corresponda con el incremento del 13% de los asalariados del Estado, las CCAA, los ayuntamientos y las empresas públicas.

Es cierto que estos trabajadores prestan un servicio esencial y que también pagan sus impuestos para sostener el Estado del Bienestar, pero también es evidente que sus nóminas proceden de los impuestos que pagan tanto ellos como los asalariados del sector privado.

1,7 millones de perceptores de prestaciones de paro

Los gastos totales de los servicios públicos de empleo, el antiguo Inem, en prestaciones de desempleo ascendieron a 1.457,5 millones de euros el pasado mes de mayo, un 8,5% más que en igual mes de 2018, según los datos difundidos por el mismo Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Los beneficiarios de prestaciones por desempleo registrados a finales de mayo ascendieron a 1.745.593, un 1,7% más que en el mismo mes de 2018.

… Y además 1,5 millones de subvenciones

A esto se suma la guinda del pastel: la Intervención General del Estado (IGAE) estimó en 2016 que ese año el sector público español lanzó 25.965 convocatorias de subvenciones y ayudas públicas, que derivaron en la concesión de 1,5 millones de subvenciones. Es una cifra que habitualmente no se suele publicar agregada pero que muestra cuál es el tamaño de las subvenciones en España.