España es el gran país europeo que menos bonifica el retraso voluntario de la edad de jubilación

El sistema de pensiones debe adaptarse a los nuevos retos económicos y demográficos. Es innegable. Pero el Gobierno está teniendo problemas para ponerse de acuerdo. Uno de los últimos choques se ha producido tras una propuesta al Pacto de Toledo para bonificar el retraso voluntario de la edad de jubilación, lo que ahorraría dinero a las arcas públicas.

Mientras que España se enfrenta a un gran núcleo de población en edad de jubilarse a medio plazo, lo que hace necesario que haya cambios y modificaciones para garantizar la sostenibilidad del sistema, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, propone bonificaciones al retraso voluntario de la edad de jubilación pero Podemos y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dicen que ese paso sería algo perjudicial. La razón: dicen que impediría el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo.

En 2020 la edad de jubilación- para aquellos trabajadores que hayan cotizado menos de 37 años- se sitúa en los 65 años y diez meses. Sin embargo, el umbral de jubilación sigue aumentando, lo que supone que en 2027 se jubilarán con 67 años todas aquellas personas que hayan cotizado menos de 38 años y seis meses. Sin embargo, una cosa es la edad de jubilación legal y otra la real, que es mucho más baja.

Para sanear el sistema, el ala socialista del Gobierno apuesta por prolongar la edad de jubilación, ya que por cada año de retraso de la jubilación efectiva el sistema de pensiones obtendría un ahorro del 1,2%, lo que permitiría mejorar el déficit que sufre la Seguridad Social desde hace años.

Sin embargo, las escasas bonificaciones ofrecidas por el Estado hasta la fecha sumadas a las altas tasas de desempleo, la precariedad del mercado laboral y la mala situación económica a la que se enfrentan muchos autónomos hacen que retrasar la vida laboral no merezca la pena para muchos trabajadores.

España, en la parte baja de la tabla

En los últimos años, España ha introducido- a través del Real Decreto-Ley 5/2013- medidas que promuevan la continuidad de la vida laboral una vez alcanzada la edad legal de jubilación. Dado que la jubilación no es obligatoria, asalariados y autónomos pueden continuar trabajando, obteniendo lo que se conoce como bonificación por jubilación demorada.

De esta forma, por cada año cotizado por encima de la edad de jubilación se producirá un incremento en la pensión del 2% si se acreditan al menos 25 años cotizados, del 2,75% cuando los años cotizados oscilen entre 25% y 37% y del 4% cuando se superen los 40 años de cotización.

Estas medidas para estimular el retraso de la jubilación sitúan a España a la cola de los países vecinos. En nuestro país el aumento medio del porcentaje- aplicado sobre la base reguladora- se sitúa en el 3,2% por cada año de actividad del trabajador una vez superada la edad legal. Sin embargo, los países vecinos duplican y hasta triplican esta cifra.

Concretamente, en el caso de Portugal el porcentaje de bonificación asciende hasta el 12%, seguido de Reino Unido con un porcentaje medio por cada año cotizado del 10,4% o países como Alemania y Francia que bonifican con un 6% y un 5% respectivamente. En España, el porcentaje máximo que se puede aumentar sobre la base de cotización es del 4%, sin que en ningún caso la cuantía total de la pensión pueda superar los 37.566,76 euros anuales.

José Luís Perea, secretario general de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) afirma que las bajas bonificaciones, en comparación con el resto de países, hacen que muchos trabajadores que por la tipología de su empleo- en el caso de los asalariados- o por una situación económica desfavorable, en el caso de los autónomos, no prolonguen su vida laboral más allá de la edad legal de jubilación.

Modelo híbrido: jubilación activa

Otra de las opciones que pusieron en práctica en 2013 para favorecer el retraso de la jubilación fue la jubilación activa. Más de 60.000 trabajadores se están beneficiando de esta modalidad de jubilación, de los cuales cerca de 50.000 son trabajadores autónomos.

Con este tipo de jubilación, tanto asalariados como autónomos pueden continuar desarrollando su actividad profesional- lo que supone la continuidad de la cotización- mientras reciben la pensión. Este modelo híbrido permite compatibilizar el 50% de la pensión, que asciende al 100% en el caso de los autónomos, con un trabajo por cuenta propia o ajena.

Para poder acceder a la jubilación activa, el trabajador deberá acreditar que ha superado la edad legal de jubilación en función de los años de cotización exigibles. Además, los autónomos tendrán la obligación de contar con un trabajador a su cargo y una cotización de solidaridad del 8%.

ATA reclama al gobierno una mejora de estos incentivos para que los empresarios puedan prolongar su vida laboral, ya que continuarían aumentando la capacidad productiva del país, al mismo tiempo que aumentan sus pensiones tras una situación en la que más de un millón de autónomos acumulan un 60% de pérdidas y 280.000 todavía no han podido reabrir sus negocios.

Desacuerdo en el Gobierno

El retraso en la edad de jubilación, ha creado desacuerdos dentro del Gobierno: el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, apuesta por aumentar estos incentivos en el Pacto de Toledo para oxigenar el sistema de pensiones mientras que la ministra de trabajo, Yolanda Díaz afirma que estas medidas entorpecen la incorporación de los jóvenes al mercado laboral.