Madrid Nuevo Norte en jaque: ADIF vendió los terrenos a BBVA sin la autorización del Consejo de ministros

• Jose de la Morena @josedelamorena
• Jose de la Morena, periodista especializado en economía desde hace más de 15 años, desarrolla su labor en el campo de la comunicación desde el prisma de las tendencias, los números y resultados de las distintas compañías. Una tarea que le ha llevado a conocer a fondo el mundo empresarial. Ha trabajado también en comunicación corporativa y como asesor para distintas marcas internacionales e institucionales.
• • 26/10/2026 19:02
  • Actualizado: 26/10/2026 19:02

El megaproyecto urbanístico de Madrid Nuevo Norte afronta un nuevo frente judicial por la venta de terrenos públicos vinculados a la estación de Chamartín. Grupo Baraka y la asociación Reversionistas No Abuso mantienen abierto un procedimiento ante la Audiencia Nacional en el que solicitan la nulidad de una operación sobre suelos y derechos urbanísticos de ADIF por la presunta ausencia de una autorización obligatoria del Consejo de Ministros.

La controversia afecta a la novación de la concesión firmada el 28 de diciembre de 2018, cuando Isabel Pardo de Vera presidía ADIF y José Luis Ábalos era ministro de Fomento, así como a los actos y contratos posteriores celebrados en ejecución de aquel acuerdo. Entre ellos figura la escritura de compraventa otorgada el 19 de diciembre de 2024.

«Nosotros tenemos abierto un procedimiento en la Audiencia Nacional pidiendo la nulidad de la novación de la concesión que se firmó el 28 de diciembre de 2018, así como la nulidad de los actos y contratos celebrados en ejecución de dicha novación, como es la escritura de compraventa de 19 de diciembre de 2024», explican a OKDIARIO fuentes vinculadas a los recurrentes.

El conflicto se centra en un requisito administrativo que, según los demandantes, nunca se cumplió: la autorización del Consejo de Ministros para disponer de activos públicos de esta magnitud.

De acuerdo con la información recabada por este periódico, BBVA sostiene que la operación contó con esa autorización. Sin embargo, una revisión de las referencias y acuerdos publicados de las reuniones del Consejo de Ministros no ha permitido localizar ninguna autorización expresa para la operación de Madrid Nuevo Norte.

Los recurrentes consideran que esta ausencia constituye una irregularidad que afecta al origen de la operación y que puede comprometer la validez de los contratos posteriores.

Se firmó con Ábalos y Pardo de Vera

El procedimiento judicial se remonta a la modificación de la concesión acordada el 28 de diciembre de 2018. En aquel momento, José Luis Ábalos dirigía el Ministerio de Fomento, del que dependía ADIF, presidida entonces por Isabel Pardo de Vera.

Grupo Baraka y Reversionistas No Abuso sostienen que aquella novación permitió articular posteriores operaciones sobre los terrenos y derechos urbanísticos de Chamartín. Por ello, su reclamación no se limita a la compraventa de diciembre de 2024, sino que pretende anular el acuerdo original y los actos que se apoyaron en él.

La argumentación de los recurrentes se fundamenta, entre otras cuestiones, en el artículo 135.3 de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Este precepto contempla la autorización del Consejo de Ministros para determinadas enajenaciones inmobiliarias cuando el valor de tasación supera los 20 millones de euros.

Los demandantes entienden que el requisito resultaba exigible en la operación de Chamartín y que no se cumplió. La cuestión jurídica que deberá resolverse es si la novación concesional y las posteriores transmisiones estaban sujetas a esa autorización y cuáles serían las consecuencias de su eventual ausencia.

La reclamación plantea así un problema que va más allá de una disputa privada sobre terrenos: la legalidad del procedimiento utilizado para disponer de activos vinculados a una entidad pública y a uno de los mayores desarrollos urbanísticos de Madrid.

El Gobierno autorizó otras ventas de ADIF

Uno de los principales argumentos que manejan los recurrentes es la existencia de precedentes en los que el Gobierno sí autorizó expresamente operaciones inmobiliarias de ADIF.

El 20 de octubre de 2020, el Consejo de Ministros dio su autorización para subastar dos parcelas residenciales de ADIF situadas en Méndez Álvaro Norte I, en Madrid.

La primera tenía un precio mínimo de 54,403 millones de euros y la segunda, de 21,492 millones. El importe conjunto ascendía a 75,895 millones de euros, sin incluir el IVA.

En aquella ocasión, la autorización quedó recogida de forma expresa en la documentación oficial del Consejo de Ministros. En cambio, según la revisión realizada para esta investigación, no se ha localizado un acuerdo equivalente referido a los terrenos de Madrid Nuevo Norte.

Aunque la subasta de Méndez Álvaro y la novación de Chamartín presentan diferencias jurídicas, el precedente acredita que ADIF ha sometido determinadas operaciones inmobiliarias de elevado importe a la aprobación del Ejecutivo.

La controversia también ha llegado al Congreso de los Diputados. El Boletín Oficial de las Cortes Generales del 14 de abril de 2026 recoge una pregunta escrita de Vox, identificada con el número 184/037019, que solicita conocer la sesión del Consejo de Ministros en la que se autorizó la operación de venta de suelos y derechos urbanísticos de ADIF en el entorno de Madrid-Chamartín.

La pregunta parlamentaria cita expresamente el artículo 135.3 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, el mismo precepto invocado en la controversia.

De este modo, la existencia de una autorización gubernamental se convierte en una cuestión central para el futuro judicial de la operación. Mientras BBVA sostiene, según las fuentes consultadas, que la autorización existió, los recurrentes cuestionan que se concediera y solicitan que se anulen tanto la novación de 2018 como la compraventa de 2024.

La Audiencia Nacional deberá examinar la legalidad de los actos impugnados y determinar si las irregularidades denunciadas tienen entidad suficiente para declarar su nulidad. Una resolución favorable a los recurrentes podría afectar a la situación jurídica de los derechos y terrenos objeto de la controversia, aunque su alcance concreto dependería del contenido de la sentencia.
Comprobaciones documentales: el BOE confirma el umbral de 20 millones del artículo 135.3 y La Moncloa publica la autorización de Méndez Álvaro de octubre de 2020. También consta públicamente la admisión del recurso de Baraka y los reversionistas ante la Audiencia Nacional.