Electricaribe se queda sin dinero tras la expropiación: o pide préstamos o sube las tarifas

Los actuales gestores de Electricaribe, empresa colombiana expropiada a Gas Natural Fenosa, se han quedado sin fondos para poder continuar la actividad, lo que obligará a la compañía a tener que solicitar créditos al sistema financiero o a subir las tarifas para que los clientes que abonan sus facturas tapen el agujero generado por la morosidad y el fraude.

Según han confirmado fuentes de Electricaribe a OKDIARIO, la caja se agotará en abril y se abre un horizonte financiero complicado para la empresa intervenida. Antes de la expropiación, el grupo español que preside Isidro Fainé solucionaba sus problemas de liquidez con la ayuda de los bancos, pero ahora la brecha abierta en la seguridad jurídica del sistema eléctrico colombiano hace que la financiación privada no esté garantizada.

El Gobierno colombiano descarta aprobar las oportunas reformas normativas para asegurar que los usuarios de Electricaribe paguen por el servicio y luchar contra el fraude (los marañeros están muy extendidos por la impunidad).

Ninguna de estas lacras va a ser perseguida desde un punto de vista legal, ya que el Gobierno de Juan Manuel Santos necesita a los senadores que representan a la región caribeña del norte de Colombia, que es donde proporciona el servicio la empresa. Electricaribe atiende a 2,5 millones de clientes de los departamentos caribeños de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.

Estos representantes públicos exigieron a Santos que interviniera la filial de Gas Natural Fenosa a cambio de su apoyo a la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, una normativa que el presidente ha diseñado para sacar adelante su acuerdo con los terroristas de las FARC tras recibir el rechazo de los ciudadanos a la reforma constitucional votada en referéndum.

Ahora, el Gobierno de Colombia tiene dos problemas: el que se abre en los tribunales por la demanda de Gas Natural Fenosa y el hecho de haber expropiado una empresa que no tiene ingresos por carecer de capacidad para perseguir la morosidad y el fraude al no existir la seguridad jurídica necesaria para garantizar los ingresos de una compañía que, no olvidemos, desempeña su labor en un sector regulado donde las tarifas las fijan las autoridades del país.

Y en este contexto, es precisamente el sector público de Colombia el que más dinero debe a Electricaribe. La legislación no permite cortar el suministro a los organismos estatales y empresas públicas, algo que sufrió Gas Natural cuando gestionaba Electricaribe, y ahora es el Gobierno el que constata que las reclamaciones de la compañía española eran justas.

El agujero en los estados financieros de Electricaribe como consecuencia de la morosidad y el fraude asciende a los 1.259 millones de euros (una vez realizado el cálculo con el tipo de cambio del peso colombiano).

Gas Natural Fenosa ha iniciado el procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL, en sus siglas en inglés), por el que reclama que “se le devuelva Electricaribe con un marco regulatorio viable y, en su defecto, se le compense por un importe que se cuantificará en el curso del procedimiento, pero que, en base a valoraciones preliminares, superará los 1.000 millones de dólares».

En Gas Natural Fenosa se asiste a este proceso con la confianza de que el Tribunal  de la ONU le dará la razón en su reclamación. No obstante, el laudo no verá la luz hasta dentro de dos o tres años, que es el tiempo medio que suelen tardar este tipo de procesos en el citado órgano de Naciones Unidas.

Si la demanda se hubiera presentado ante el CIADI (organismo arbitral del Banco Mundial donde el grupo español planteó inicialmente presentar la reclamación) los plazos habrían sido, incluso superiores.