Ninguna empresa quiere contratar en Colombia: “No queremos que nos pase como a Gas Natural”

La expropiación y posterior anuncio de liquidación de la empresa colombiana Electricaribe, filial de Gas Natural Fenosa, ha generado un importante rechazo en la comunidad empresarial con intereses en el país latinoamericano, incluidas las propias compañías colombianas, que ven como la seguridad jurídica brilla por su ausencia. La Cámara de Comercio de Colombia admite que es muy difícil que el Gobierno logre ofertas para adquirir Electricaribe porque todos temen que les pueda ocurrir lo mismo que al grupo español.

“No queremos que nos pase como a Gas Natural”, indican fuentes de algunas de las compañías (varias de ellas norteamericanas) que podrían estar interesadas en el suministro eléctrico de la región caribeña del país a la que da servicio en la actualidad la empresa expropiada. El presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana, Andrés Taboada, admite sin tapujos que “nadie va a volver a meterse en el mismo problema en el que está Gas Natural Fenosa”.

Y es que la intervención de la compañía por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia se produjo ante la imposibilidad de garantizar la calidad del servicio, pero no por la ausencia de inversiones del grupo español, sino por la elevada morosidad del sector público del país y por el fraude masivo, que no se persigue en los tribunales por intereses políticos.

Tras cuatro meses de intervención, ahora el Gobierno de Juan Manuel Santos se da cuenta de que para solucionar el problema financiero de Electricaribe hay que hacer dos cosas: reformar la normativa para que todo el que consuma abone su factura y perseguir a los “marañeros”, que es como se conoce a los que hacen enganches ilegales. Como el sector público colombiano no tiene ninguna intención de hacer estas dos cosas pues entonces anuncia la liquidación de la empresa y su venta.

El problema es que quien quiera hacerse con Electricaribe deberá hacer frente a los dos citados obstáculos al que se suma un tercero: hacerse cargo del agujero financiero de más de 1.200 millones de euros que han provocado los impagos y el fraude en las cuentas de la compañía.  Fuentes del sector que operan en el país latinoamericano tienen claro que ninguna empresa realizará una oferta por Electricaribe con las condiciones actuales y que el Gobierno venderá por partes los activos y, el resto, será asumido por empresas públicas.

Tal como avanzó OKDIARIO, Gas Natural Fenosa va a llevar a Colombia ante los tribunales internacionales por este atropello y ataque a la propiedad privada, mientras el Gobierno de Santos mantiene su campaña de difamación contra el grupo español. Precisamente este jueves, la embajada de Colombia en Madrid ha emitido un comunicado en el que culpa a Gas Natural Fenosa de los problemas de suministro, eludiendo responsabilidad alguna por parte del sector público.

En su comunicado, la embajada dice con sorna que Colombia “siempre protegerá la inversión privada, nacional y extranjera”, señala que “no se ha puesto en riesgo la seguridad jurídica” y, por si todo ello fuera poco, indica que “esta medida no puede entenderse como una expropiación”.

Además, la embajada asegura que Electricaribe “no está en condiciones de prestar el servicio de energía eléctrica con la calidad y continuidad que requieren los usuarios”, pero oculta que esto se ha producido por la falta de compromiso de los organismos públicos del país para hacer frente a sus propias facturas.

Tras la intervención la situación de la empresa es insostenible. Más del 90% de los transformadores y alimentadores de la red están sobrecargados y el problema se extiende al resto de actividades. En el sector privado colombiano hay preocupación porque sin las debidas infraestructuras es imposible realizar proyectos de inversión en el ámbito inmobiliario, industrial o los servicios.