El Gobierno forzará otro choque con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal por sus acuerdos con Cataluña

El Gobierno de Pedro Sánchez volverá a colocar a las comunidades autónomas ante una encrucijada el próximo 4 de septiembre. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) debatirá y votará ese día la reforma del sistema de financiación autonómica impulsada por Hacienda, una propuesta que nació de las negociaciones del Ejecutivo con ERC y que salió adelante pese al rechazo prácticamente unánime de las autonomías.

El Ejecutivo repite así una fórmula que ya utilizó con la condonación de la deuda autonómica: cerrar primero un acuerdo político con los independentistas catalanes y extender después sus efectos al conjunto de España para defender que el pacto beneficia a todos los territorios.

La diferencia es que esta vez el rechazo de las comunidades es todavía más claro. Cuando Hacienda presentó las líneas del nuevo sistema en el CPFF de enero, todas las autonomías, salvo Cataluña, se posicionaron en contra. La oposición no se limitó a los gobiernos del Partido Popular: Castilla-La Mancha y Asturias, ambas gobernadas por el PSOE, también cuestionaron que una reforma que afecta al conjunto de las comunidades naciera de una negociación bilateral con ERC.

Siete meses después, el Gobierno insiste

El Ministerio de Hacienda, ahora dirigido por Arcadi España, convocó inicialmente el CPFF para el 29 de julio con intención de someter el modelo a votación. Las comunidades del PP reclamaron aplazar la reunión y denunciaron que la propuesta era prácticamente la misma que rechazaron 16 de los 17 territorios afectados por el sistema a comienzos de año.

En una carta remitida al ministro, los gobiernos autonómicos populares denunciaron que una reforma «pactada con una sola parte y a espaldas de todas las demás» no podía aprobarse precipitadamente. Hacienda terminó retrasando la reunión hasta el próximo 4 de septiembre.

De la deuda a la financiación

El choque reproduce el que ya provocó la condonación de la deuda autonómica. Aquella medida tuvo también su origen reconocido por el propio Gobierno en las negociaciones para la investidura de Sánchez con ERC.

La quita se justifica en que el Estado asumiría hasta 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades de régimen común. Cataluña podrá desprenderse de 17.104 millones, la segunda cantidad más elevada de España después de los 18.791 millones de Andalucía. La Comunidad Valenciana contará con una condonación máxima de 11.210 millones y Madrid, de 8.644 millones.

El Ejecutivo utilizó precisamente esa extensión al resto de España para negar que estuviera concediendo un privilegio a Cataluña. Hacienda sostiene que casi 60.000 de los 83.252 millones corresponden a comunidades gobernadas por el PP y calcula que la operación permitirá ahorrar alrededor de 6.700 millones en intereses. Algo que no es cierto, toda vez que, igualmente, el pago anticipado también conlleva una serie de penalizaciones que el Gobierno olvida cuando realiza los cálculos.

Pero el origen político de la medida nunca estuvo en discusión. El propio Gobierno reconoció que «parte de la negociación» mantenida con ERC para la investidura y defendió posteriormente que una iniciativa negociada inicialmente con una formación catalana podía generalizarse al conjunto de territorios.

La deuda, además, no desaparece de las cuentas públicas españolas. Cambia de administración: el Estado se coloca en el lugar de las comunidades como deudor y el volumen total de deuda pública de España permanece inalterado. Así lo reconoce la propia documentación de Hacienda.

Otra vez el pacto con ERC

Ahora sucede algo similar con la financiación autonómica. El Gobierno pactó con ERC las bases del nuevo sistema y posteriormente presentó el modelo al conjunto de comunidades.

La propuesta prevé repartir en 2027 unos 20.975 millones adicionales respecto a lo que recibirían las autonomías manteniendo el sistema vigente y elevar los recursos totales hasta 224.507 millones. Hacienda sostiene que el modelo aumenta la solidaridad y reduce las diferencias de financiación por habitante.

El problema para el Ejecutivo vuelve a ser político: la inmensa mayoría de las comunidades rechazó que las reglas que determinarán cómo se distribuyen cientos de miles de millones entre los territorios españoles partieran de un acuerdo bilateral con ERC.

Sánchez quiere de este modo situar a las autonomías ante el mismo dilema que abrió con la deuda: aceptar una medida nacida de sus acuerdos con el independentismo catalán o rechazarla aun cuando el Gobierno haya extendido posteriormente sus beneficios económicos al resto de España. La realidad, en todo caso, es que perdonar la deuda para que la paguen después todos los españoles no parece que cumpla con el principio de solidaridad.