¿Cuáles son las consecuencias de fulminar la reforma laboral como quieren Sánchez e Iglesias?

Estamos siendo testigos de la consumación del pacto entre PSOE y Unidas Podemos. La unión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias consuma una propuesta de Gobierno que está causando el pánico entre la sociedad civil, sobre todo en el mundo económico.

De la misma forma que conocíamos el avance de la economía en el 2019, donde vemos una clara desaceleración que ya contemplaban los analistas, la posible coalición de Gobierno ha hecho público su interés de derogar la reforma laboral, así como la implantación de una mayor regulación en materia de vivienda.

Pese a tener una elevada tasa de desempleo, el posible gobierno “progresista” ya no plantea esa derogación de los aspectos más lesivos, sino acabar casi al completo con una reforma laboral que evitó la destrucción de casi más de un millón de empleos. Una reforma laboral impulsada por Bruselas, que nacía con la intención de flexibilizar la rigidez de un mercado laboral amenazado. Una reforma laboral que contuvo la destrucción de empleo, a la vez que ha impulsado la contratación del mismo en los últimos años.

El PSOE vende que la reforma es una derogación parcial, pero lo que pretende suprimir junto a sus nuevos socios de la actual legislación es lo que ha evitado la destrucción de empleo en plena crisis y ha facilitado el acceso al mercado laboral en plena recuperación.

Una pata que, como decíamos, flexibilizaba el mercado laboral ante una situación en la que la contratación estaba en mínimos, la destrucción de empleo estaba en auge y la única forma de contener la situación era la de imponer esta medida. Ahora, ante la consideración -completamente errónea- de ambas formaciones, se ha planteado suprimir esta medida, devolviendo esa rigidez a un mercado laboral que, como muestran los datos, no se encuentra en situación de festejar nada.

Para los políticos de las distintas formaciones participantes en la coalición de gobierno, la creación de empleo este año ha sido bastante positiva, aunque consideran que el principal problema vuelve a ser, de nuevo, la temporalidad del mismo. Sin embargo, en línea con la desaceleración que ha vivido la economía, el empleo en España sigue siendo bastante bajo. Seguimos sin crear empleo de una forma dinámica, pues pese a crear empleo, estos olvidan que seguimos liderando los niveles de empleo de la zona euro. Un dato que se está obviando y no debería, pues en Alemania, con un 0,3% de crecimiento, siguen en niveles de pleno empleo.

El empleo en España sigue siendo la asignatura pendiente de nuestra economía. Sin embargo, algunos políticos abogan por una mayor rigidez en el empleo para aumentar la contratación de calidad. Unas propuestas que nacen con una intención positiva, pero que no suelen tener el efecto deseado. Y es que, como decía Thomas Sowell, debemos medir las políticas aplicadas por su impacto y efecto en la sociedad, y no por las intenciones, emociones o deseos que nos llevaron a aplicarlas.

Si atendemos a la medida, como digo, podríamos decir que las intenciones que mantienen ambos partidos son bastante positivas. Sin embargo, existe un elevado riesgo de que esa mayor rigidez se traduzca en una mayor destrucción de empleo. Algo similar a lo ocurrido con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el cual, con su subida, lleva a los empresarios a desembolsar un mayor gasto por los empleados. Un mayor gasto que, de la misma forma, condiciona la productividad; destruyendo, por ende, aquellos trabajos en la que la productividad no supere el mínimo legal.

De esta misma forma nos topamos con la derogación de la reforma laboral. En una situación donde el empleo creado fuese de calidad, así como el acompañamiento de la economía fuese óptimo, imponer un contrato indefinido como opción prioritaria sería algo medianamente viable; sin embargo, la realidad económica, la situación que atraviesa nuestra economía, si de algo precisa es de acabar con esa rigidez que impide la actividad económica. Una rigidez que solo demuestra ser el limitante para el crecimiento, así como para todo aquello que represente actividad económica.

Como ocurre con el desempleo, la coalición de izquierdas pretende acabar con la dinámica del mercado laboral aboliendo una flexibilidad que, hasta ahora, permitía a las empresas adaptarse al contexto económico. Una flexibilidad con la que no contarán ahora, donde los empresarios se verán en la obligación de contratar a personal de una forma indefinida, con su consecuente inversión, así como el cumplimiento de los rígidos convenios colectivos, que tendrán que cumplirse sin la posibilidad de adaptarlos a cambios en el contexto económico.

Una situación que, como en 2009, podría acabar con una destrucción de empleo que, con unos niveles de desempleo tan elevados y la poca capacidad de España para crear empleo, sería un auténtico suicidio. Y a esto debemos sumarle el que entremos, o no, en una recesión económica. Una recesión que, como muestra la gráfica de la Ley de Okun respecto a España, podría ayudar en esa destrucción de empleo, elevando la tasa a niveles del 17%, en el mejor de los casos. España vuelve a la misma situación que nos llevó a la destrucción de empleo, volvemos al mercado laboral incapaz de absorber, como dice Juan Ramón Rallo, una desaceleración, mientras nuestros políticos siguen inmersos en el populismo partidista.