La CNMV estudia sancionar a inversores que apostaron a la caída del Popular antes de su resolución

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, ha anunciado que el organismo está analizando determinadas operaciones de venta a corto a descubierto sobre acciones del Banco Popular antes de la resolución de la entidad, al considerar que pueden ser objeto de sanción.

Este tipo de inversiones son altamente especulativas y conllevan un gran riesgo, ya que se realizan sin disponer realmente de activos vendiendo algo que no se tiene. El mecanismo es el siguiente: el inversor se compromete a entregar al comprador un determinado volumen de acciones de una empresa en un periodo (por ejemplo una semana) a cambio de recibir en el acto el importe correspondiente al valor de los títulos. El inversor confía en que la cotización caiga para, una vez que haya pasado el periodo establecido, comprar el número de acciones pactadas sobrándole dinero (su rentabilidad).

Si en lugar de bajar el valor de mercado de los títulos se produce una subida, entonces el inversor se ve obligado a cubrir la diferencia, registrando pérdidas en la misma medida en que se hayan encarecido las acciones. Es decir, que este tipo de operaciones suponen una apuesta a la caída del precio de los títulos de una compañía, en este caso del Banco Popular.

Albella ha avanzado que la CNMV estudia la existencia de irregularidades que pueden conllevar sanciones y lo ha hecho durante su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera. El presidente del organismo supervisor ha indicado que las investigaciones se centran en identificar compras o ventas de acciones de Popular de personas o instituciones que disponían de información privilegiada, que distorsionaron la evolución de la cotización y la operativa desarrollada sobre el valor.

En concreto, ha señalado que, hasta el momento, no se han identificado actuaciones manipuladoras o uso de información privilegiada, ni siquiera en las operaciones a corto tradicionales (en el que el inversor si dispone de las acciones que presta), si bien la CNMV ha encontrado ventas en corto totalmente al descubierto, de lo que podrían derivarse «consecuencias sancionadoras».

En los últimos tiempos se ha producido una demonización de las operaciones bajistas, aunque la realidad es que son un elemento más en el proceso de fijación de precios en el mercado y, por lo tanto, necesarias.

«Aunque a alguno no le guste las posiciones cortas unas veces benefician a unos y otras perjudican a otros pero mientras sean legales, son herramientas con la que cuentan los inversores y que valen para hacer un mercado más dinámico, más moderno y más occidental. Además, si se prohibieran de forma generalizada temporalmente se perdería volumen y se bloquearía un instrumento para cubrirse ante la volatilidad”, explican desde una gestora de fondos a este diario.

Defiende su actuación en la crisis del Popular

El presidente de la CNMV, Sebastián Albella, ha sido preguntado por su decisión de no excluir las acciones del Popular de cotización una vez que la Junta Única de Resolución (JUR) puso el foco sobre la entidad anticipando su posterior resolución. En esta materia ha considerado que suspender la cotización «no hubiera frenado la caída del valor» y podría haber contribuido a empeorar su situación de liquidez, además de no haber detectado «abusos de mercado» en el caso.

Durante su comparecencia, Albella ha defendido la actuación del organismo en los meses previos a la resolución del Popular porque, a su juicio, la evolución bajista de la cotización de la entidad desde finales de 2016 se consideraba «bastante normal».

En este sentido ha añadido que esta tendencia bajista era «coherente» con las noticias negativas que se fueron produciendo, desde los resultados peores de lo esperado en 2016, a los ajustes inesperados en abril, pero que «en ningún momento» se apreció «desorden» en la situación de la acción en el mercado ni «graves asimetrías informativas», que justificarían su suspensión, según informa EFE.

Además, ha destacado que el supervisor hizo un seguimiento «estrecho» y «especialmente activo» sobre las informaciones emitidas por el banco al mercado, y que llegó a requerir a la entidad publicar «más información o aclaraciones», en especial en cuanto a los ajustes realizados por el banco en abril y sobre las remuneraciones de sus consejeros, aunque la norma permitía que no comunicaran información «sensible o privilegiada».