La cesión de Sánchez a Iglesias en el alquiler pone en jaque la inversión de fondos en 100.000 pisos

Días después de la sentencia del Tribunal de Cuentas que condena a Ana Botella y su equipo al pago de 25 millones de euros por vender  1.800 viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo a Fidere (fondo Blackstone), el Ayuntamiento de Madrid, en manos de Manuela Carmena, consiguió ayer otra victoria en materia de vivienda en su batalla contra estos fondos de inversión. El Gobierno de Pedro Sánchez anunció, por boca de su ministra de Hacienda, que cederá a las presiones de Podemos y dará poder a los ayuntamientos para limitar el precio de los alquileres.

La decisión pone entre las cuerdas la inversión de grandes fondos en España como Blackstone, Cerberus, Lone Star o el sueco Intrum (que acaba de comprar Solvia). Se estima que el parqué de viviendas en alquiler en manos de fondos y bancos en grandes ciudades supera las 100.000 unidades, a lo que habría que sumar otras inversiones de unos actores que sólo en 2018 han invertido cerca de 50.000 millones de euros en activos inmobiliarios en España.

Del resultado electoral en grandes ciudades el próximo mes de mayo dependerá en buena medida el futuro de las inversiones de estos fondos en sus dos principales mercados españoles: Madrid y Barcelona. 

El malestar en el sector es creciente ante los repetidos señalamientos por su negocio en el ladrillo y los cambios de criterio constantes en el Gobierno de España. De hecho, fondos como Blackstone ya han advertido que dejarán de invertir en España si persiste la inseguridad jurídica.

Acuerdo con Podemos

La medida de que los ayuntamientos puedan limitar el precio de los alquileres fue pactada por Sánchez con Pablo Iglesias en el marco de su acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero tras las presiones de estos fondos y la banca no fue incluida en el paquete de medidas para la vivienda que el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 14 de diciembre.

Esa rectificación causó cierta sorpresa en los inversores extranjeros con negocios inmobiliarios en España, puesto que en las reuniones previas que habían mantenido con el Ministerio de Fomento habían recibido el mensaje de que Sánchez era «rehén de Podemos» en materia de vivienda. Sin embargo, el consuelo de que el Real Decreto no incluyera esa medida intervencionista ha durado poco.

En su intento a la desesperada por sacar adelante los Presupuestos de 2019 para no tener que convocar elecciones antes, el Gobierno ha reconsiderado este punto y la ministra de Hacienda, María Jesús Motero ,confirmó ayer que cumplirá con lo pactado con Iglesias. La rectificación, lamentan en el sector, es una prueba más de la improvisación del Gobierno en materia de vivienda.

No obstante, la jugada de los fondos pasará ahora por esperar a conocer cuál es el resultado electoral en las elecciones locales que se celebrarán este año. En función de cómo queden las coaliciones de Gobierno en los ayuntamientos de Madrid y Barcelona estos fondos decidirán su futuro en el mercado del alquiler de estas grandes ciudades, según fuentes del sector.