Las buenas voluntades no sirven para un Pacto de Toledo que está al límite

Las buenas voluntades del Pacto de Toledo empiezan a llegar al límite, después de que esta comisión cumpla más de dos años desde que se la mandatara renovar sus recomendaciones para asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas y la suficiencia del sistema de la Seguridad Social.

Todos los portavoces parlamentarios están de acuerdo en que se debe buscar el consenso y la unanimidad, pero la revalorización de las pensiones con el IPC real y el empeño de algunas formaciones por introducir otras variables como salarios o PIB está minando la capacidad de diálogo.

Y es que después de que el 27 de septiembre de 2016 el Pleno del Congreso aprobara la creación de esta comisión para la XII Legislatura bajo el gobierno del PP, el principal avance ha sido que todos coinciden en eliminar la fórmula que aprobó sin consenso el PP en 2013 y que ligaba la revalorización de las pensiones a un 0,25 % anual y no a la inflación.

Tras masivas manifestaciones de pensionistas en 2018, el PP ha cedido para suprimir esta fórmula en la recomendación segunda que deben redactar y que ha frenado, en varias ocasiones, otros debates de la comisión parlamentaria.

Actualmente el retorno al IPC está claro, pero el peso que tendrá éste en la actualización de las pensiones divide a los portavoces en dos bloques, el de la izquierda y el de la derecha, y en el que está en medio el PDeCAT.

Los portavoces han analizado al menos 8 o 9 borradores, en los que aparecía desde la propuesta del PDeCAT de ligar algunas pensiones a la inflación según los ciclos económicos y contener las más altas en épocas de recesión, hasta la necesidad de que los agentes sociales determinaran si además se deben contemplar otras variables como el PIB o los salarios.

PSOE, Unidos Podemos, PNV, ERC y Compromís fijan la revalorización como mínimo en la inflación, mientras que el PP y Ciudadanos quiere dejar una recomendación abierta para que cualquier gobierno pueda actuar en consecuencia.

Fuentes del bloque de izquierdas han señalado a EFE que precisamente el escollo está ahora en redactar una propuesta que «impida» que un gobierno pueda actuar de forma unilateral.

Las posiciones han estado tan enrocadas la semana pasada que hasta algún veterano diputado del Pacto de Toledo amenazó con levantarse y dejar rota la comisión.

A las pocas horas, la ministra de Trabajo, Magdalenia Valerio, lanzó una advertencia para que cedieran ya que al Gobierno no le gustaría tener que legislar en pensiones.

Actualmente los portavoces trabajan con la recomendación segunda de 2011 con algunas modificaciones, como la de fijar el IPC real y dejar constancia de que el índice del PP «no goza de suficiente consenso político y social».

Además, en este borrador se afirma que la Comisión debe considerar esencial que cualquier medida que no se ajuste a la recomendación de 2011 debe ser consultada y debatida en el Pacto de Toledo previo Diálogo Social.

En aquella recomendación de hace siete años también se estipulaba que la revalorización debe ser diferenciada de cualquier otra acción de mejora encaminada no a conservar, sino -cuando lo permita la situación económica- a aumentar dicho poder adquisitivo.

La unanimidad parece complicada, aunque esta recomendación cobraría fuerza si a ella se sumara el 80 % de los portavoces, incluido el PDeCAT, con lo que tan sólo se podrían producir los votos particulares del PP y de Ciudadanos.

El diputado del PP Gerardo Camps ha recordado en varias ocasiones que las recomendaciones no son vinculantes y que ya en 2011 se cerró el informe con el desacuerdo mayoritario de que la edad de jubilación se elevara a 67 años y con la oposición de cambiar el período de cálculo de las pensiones más allá de los quince años.

El documento aprobado el 25 de enero de 2011 en el Pleno del Congreso contenía 21 recomendaciones y debía ser renovado a los cinco años, es decir en 2016.

Desde entonces por la Comisión del Pacto de Toledo han pasado medio centenar de comparecientes, ministros, secretarios de estado, agentes sociales, técnicos y estudiosos, que han expresado las principales reformas que ven necesarias para atajar el déficit de la Seguridad Social.

Las coincidencias parecen estar en pagar con presupuestos las bonificaciones, tarifas planas o gastos corrientes de la Seguridad Social y en no sacar del sistema las pensiones de viudedad, además de que habrá un impulso a los planes de previsión social complementarios para incentivarlos.