Bruselas golpea al Gobierno: multará a España por no pagar dos semanas de permiso para cuidar a los hijos

La Comisión Europea ha informado este jueves de que ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por incumplir la directiva comunitaria que obliga al pago de la asignación por las dos últimas semanas del permiso parental, una condición que los Estados miembro debieron transponer a sus legislaciones nacionales a más tardar el pasado agosto.

En España, desde junio del año pasado, los padres y madres pueden disponer de ocho semanas hasta que sus hijos cumplan ocho años para cuidarles, que se pueden disfrutar seguidas o de manera discontinua, pero no perciben dinero. Sin embargo, una nueva normativa europea establece que hay que retribuir al menos cuatro de las ocho semanas, y el 2 de agosto era la fecha tope en la que expiraba el plazo para transponer la última parte de la directiva europea de conciliación por parte del Gobierno.

Así, Sumar y el PSOE se comprometieron a retribuir al menos cuatro de las ocho semanas para cuidado de hijos de hasta ocho años, sin embrago, desde el Ministerio de Derechos Sociales y el de Trabajo, ambos en manos de Sumar, no se ha enviado esta comunicación antes de la fecha, por lo que Bruselas ha iniciado el procedimiento de infracción.

Fecha tope del pago del permiso parental

La norma comunitaria entró en vigor en julio de 2019 pero dio más tiempo a los gobiernos para aplicarlo, de modo que quedó aplazado a agosto de 2022 el plazo para trasponer la mayor parte de las disposiciones -que garantizan una baja parental intransferible y retribuida de manera adecuada- y dejó para agosto de 2024 la que se refiere al pago de las dos últimas semanas.

La directiva sobre conciliación establece requisitos mínimos destinados a lograr la igualdad entre hombres y mujeres en lo que respecta a las oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo, facilitando la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores que son padres o cuidadores.

Un plazo de dos meses al Gobierno

El envío de una carta de emplazamiento es el primer paso formal de un expediente sancionador y da un plazo de dos meses al Gobierno para que tome las medidas necesarias que corrijan la irregularidad.

Si en ese periodo no se subsana la situación, la Comisión Europea podrá enviar un dictamen motivado, segunda fase del procedimiento, que da algo más de tiempo al diálogo antes de decidir si llega a la tercera y última fase, que supone denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El pasado agosto, cuando expiró el plazo para cumplir con la transposición de la obligación de pagar las dos últimas semanas del permiso, el Ministerio de Trabajo y Economía Social afirmó que Bruselas multaría a España con al menos 7 millones de euros por incumplir esta disposición y que la cifra aumentaría si el incumplimiento persistía.

Con todo, el anuncio del Ejecutivo comunitario de este jueves es sólo el primer paso en el proceso por lo que está por ver si el asunto llega hasta el Tribunal europeo, que es el competente para dictar las sanciones en caso de incumplimiento.