Los altos funcionarios llevan a los tribunales a la ministra de Hacienda Montero contra su politización

Los altos funcionarios de la Administración del Estado han declarado la guerra a la ministra de Hacienda y de Función Pública, María Jesús Montero, por su intento «descarado» de rebajar drásticamente el nivel de promoción interna y de acceso general a la profesión, que abre la puerta al predominio de la subjetividad a la hora de valoración de los méritos y, en consecuencia, a la politización de los funcionarios, que hasta ahora han estado al margen de la disputa partidista. Para empezar, la asociación de inspectores tributarios ha convocado, por primera vez en la historia, una concentración el próximo miércoles 14 de diciembre a las puertas del Ministerio, en la calle de Alcalá, justo al lado de la Puerta del Sol de Madrid.

La manifestación, que tendrá lugar a las dos de la tarde, para la que ya se ha pedido los permisos correspondientes, acabará con la entrega de una carta de protesta enérgica y de rechazo a los nuevos planes del Gobierno que ha sido firmada por 1.500 inspectores fiscales de un total de los 1.800 que componen la plantilla de la Agencia Tributaria y de los 2.000 del conjunto del Ministerio. Además, la asociación que preside Julio Ransés va a ir también por primera vez a los tribunales con la presentación, en primera instancia, de un recurso contencioso administrativo. «Pensamos que el acuerdo que ha firmado la ministra con los sindicatos -los mayoritarios UGT y CCOO entre ellos- es contrario a la ley y a la Constitución. Atenta contra los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública establecidos en la Carta Magna», afirma Ransés.

Aunque la iniciativa ha sido principalmente impulsada por los inspectores fiscales, Fedeca, la Federación de asociaciones de los cuerpos superiores de la Administración general del Estado, que agrupa a 43 entidades y representa hasta a 15.000 funcionarios del nivel A 1, el más alto, ha emitido un comunicado en el que se afirma que dicho acuerdo «no respeta los principios básicos constitucionales para el acceso a la función pública, como son la igualdad, el mérito y la capacidad, así como otros valores que son los que sustentan una Administración eficaz, eficiente y profesional: la independencia y la elevada cualificación de sus altos funcionarios. Su firma se ha producido sin diálogo ni participación de los cuerpos superiores de la Administración, que resultarían directamente afectados por una reforma amparada en el mencionado acuerdo. De producirse dicha reforma, su efecto inmediato sería un quebranto de la seguridad jurídica y la objetividad que impera en el acceso a los mencionados cuerpos administrativos».

Según los altos funcionarios, el citado acuerdo contempla una promoción interna basada, principalmente, en un test y en otros elementos subjetivos difícilmente evaluables y medibles, «lo cual es del todo inadecuado para la pertenencia a unos cuerpos administrativos que tienen que ocupar los puestos de mayor responsabilidad de la Administración Pública, tanto en materias de gestión pública como de asesoramiento a los órganos políticos sobre los límites técnicos y jurídicos de sus decisiones. En caso de llevarse a término, este modelo supondrá una drástica merma de las capacidades, conocimientos y méritos para el desempeño de dichas responsabilidades, afectando negativamente a la captación de talento para el servicio público y a la solvencia profesional de sus funcionarios». Al igual que en el caso de los inspectores, Fedeca está recabando firmas contra el citado acuerdo y estudia emprender acciones judiciales.

Según los nuevos planes del Ministerio, los temarios para la promoción interna se reducirán de 80 a 16, se va a suprimir la prueba oral y los exámenes serán de tipo test sin que las respuestas erróneas se tengan en cuenta. «Esto es un auténtico despropósito que convertirá el acceso a la función pública en un coladero, que representa sobre todo una estafa al ciudadano, que va a pasar a tener como interlocutores a personas no debidamente preparadas -porque se ha decidido justamente el procedimiento contrario para captar talento- y que es una camino claro para politizar también la Administración pública», asegura Ransés. «Nosotros ya hemos elegido a los abogados para que interpongan el recurso correspondiente», explica, «y esperamos que nos den la razón porque estamos en presencia de un acto inconstitucional».