El 97% de la hostelería se queda fuera del plan de rescate al sector del Gobierno

Este martes el Consejo de Ministros ha aprobado un plan de rescate económico a la hostelería española del que sólo un 3% de los hosteleros se podrá beneficiar, según los cálculos que ha hecho el sector a este periódico. Es decir, que se quedará fuera el 97% de los empresarios afectados por las medidas restrictivas del propio Gobierno y de las comunidades autónomas, según las estimaciones que han realizado las organizaciones patronales.

Más allá de los aplazamientos fiscales -de los que no podrán beneficiarse porque la mayoría de las empresas están en pérdidas o al borde del cierre- y de las medidas para intentar que se paguen menos alquileres, la hoja de ruta del Gobierno tiene una gran ausencia: la escasez de ayudas directas.

«Hay esquemas de ayudas directas que tienen las comunidades autónomas y vemos en qué medida se pueden reforzar». «Bienvenidas sean las ayudas que vengan de las comunidades autónomas». Estas han sido las sorprendentes declaraciones de la ministra de Industria, Reyes Maroto, sobre la falta de ayudas directas a los bares y restaurantes, el colectivo más afectado por la segunda ola, en las que aplaude que sean las comunidades autónomas las que den el dinero a la hostelería, pero no compromete ni un euro del Estado.

El Gobierno ha vuelto a lanzar avales para créditos y algunos estímulos fiscales, dejando fuera la medida que reclamaban todos los empresarios y autónomos y que sí se han activado en otros países de Europa. De hecho, mientras que en el resto de Europa se han entregado subvenciones a fondo perdido de 40.000 millones de euros para la hostelería, en España se han otorgado cero euros, algo que ha indignado a las principales patronales del sector, que este miércoles -a un día de la Nochebuena más atípica- van a presentar una plataforma para reclamar más ayudas y más atención por parte de la Administración.

Concretamente, el Consejo de Ministros aprobó el martes un plan de rescate de 4.220 millones de euros para la recuperación del sector turístico tras el impacto de los cierres y restricciones durante la crisis sanitaria del covid-19. El Ejecutivo presentaba así una batería de ayudas fiscales, que no han tenido una gran acogida por parte de los autónomos del sector, que exigen ayudas directas para compensar las pérdidas que han registrado durante la pandemia.

María Jesús Montero, portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, ha querido hacer especial hincapié en que el plan ha supuesto un esfuerzo muy importante del Ejecutivo, y que está decidido a acompañarlo durante toda la pandemia para que puedan mantenerse en condiciones adecuadas y una vez se supere la restricción de movilidad vuelvan al inicio de su actividad. La realidad es que los beneficiarios del plan de rescate se han sentido abandonados.

«Cuando se obliga a un cierre por una orden administrativa, cuando se entra en un estado de alarma, cuando se restringe y se limitan las actividades de los autónomos y su negocio hay que indemnizar», ha asegurado Lorenzo Amor, presidente de ATA, que ha sido especialmente combativo contra el plan de rescate aprobado por el Ejecutivo. Gran parte de los propietarios de bares y restaurantes son trabajadores por cuenta propia con uno o más trabajadores en nómina. Y nos les convence que vuelvan a darles préstamos que no saben si podrán devolver.

Las medidas del Gobierno no convencen a los autónomos que, según el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, se han visto defraudados ante un plan de rescate que llega tarde y no contempla ayudas directas.

Las medidas del Gobierno

En relación a las medidas de liquidez y solvencia, el Gobierno ha ampliado la carencia de los préstamos avalados por las líneas ICO y por las sociedades de garantía recíproca de las distintas comunidades autónomas con reafianzamiento de CERSA, así como de su periodo de amortización.

Montero ha destacado la creación de un nuevo tramo de la línea de avales del ICO para pymes y autónomos del sector turístico, hostelería y actividades anexas dotada con 500 millones de euros y con hasta un 90% de garantía.

El Gobierno también aprueba una nueva edición del aplazamiento de deudas tributarias, que permite aplazar durante 6 meses, con tres de carencia de intereses, deudas tributarias correspondientes a declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el día 1 de abril hasta el día 30 de abril de 2021, ambos inclusive, de modo que en lugar de ingresar en abril se ingresarían las deudas en octubre.

«A diferencia de lo que han hecho otros países de la Unión Europea, España sigue sin dar ayudas directas a los autónomos. Es una oportunidad perdida, un plan insuficiente y escaso que no responde a las necesidades de los autónomos.»

Otra medida que recoge este real decreto es aumentar la reducción en la tributación por el sistema de módulos en el IRPF del 5% actual al 20% con carácter general para 2020. Sin embargo, para los sectores como el caso de la hostelería, el comercio y el turismo esa reducción en la tributación por módulos llegará al 35%.

Otras iniciativas tributarias son la reducción del número de períodos impositivos afectados por la renuncia al método de estimación objetiva en el IRPF o la exención prevista para las retribuciones en especie del servicio de comedor de empresa, aplicable el consumo de comida tanto en ‘delivery’ como ‘take away’.