Mazón lanza su plan para erradicar la ‘okupación’ y pide desgravaciones para las víctimas

El Gobierno valenciano de Carlos Mazón ha puesto en marcha su Plan Integral contra la Okupación de Viviendas. Una iniciativa transversal en la que colaboran tres consellerias. Este plan persigue dar respuesta a la alarma social generada por la okupación ilegal de viviendas y la inkiocupación (inquilinos que dejan de pagar su alquiler y no quieren marcharse de la vivienda). Sus objetivos son prevenir, combatir y reducir las «actividades ilícitas» asociadas a la okupación ilegal, aumentar la seguridad y la confianza de los propietarios y reducir los problemas de convivencia. Entre las exigencias al Gobierno de Pedro Sánchez que Mazón ha incluido en este plan se encuentra la introducción de desgravaciones a la propiedad de inmuebles okupados sometidos a procedimientos judiciales, entre otras medidas fiscales..

Para contextualizar lo que supone este plan hay que exponer que en los últimos 14 años, el número de denuncias por la okupación ilegal de viviendas en España se ha multiplicado por seis: de 2.702 en el año 2010 a 16.426, en 2024. En la Comunidad Valenciana, las denuncias se han incrementado a un ritmo similar: de las 277 en 2010 hasta las 1.767 en 2024.

El plan transversal de Mazón para frenar la okupación y la inquiokupación implica a la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, que dirige la consellera portavoz, Susana Camarero; la Conselleria de Justicia, dirigida por Nuria Martínez; y la de Emergencias, responsabilidad de Juan Carlos Valderrama. Además de la Conselleria de Sanidad, dirigida por Marciano Gómez.

El decálogo valenciano para combatir la ‘okupación’ ilegal

Las principales medidas que incluye el plan contra la okupación ilegal y la inkiocupación constituyen un decálogo expuesto por Mazón. Y son las siguientes:

1. Creación de una oficina de atención a las víctimas de la okupación, que comenzará a funcionar en las próximas semanas y contará con un sistema de atención telefónica para las asistencias inmediatas a través del teléfono 012.
2. Asesoramiento personalizado y profesional de letrados, psicólogos y trabajadores sociales a los propietarios de viviendas okupadas a través de las 37 Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito y a los 66 centros JustipProp que la Generalitat Valenciana tiene en los ayuntamientos de Alicante, Castellón y Valencia.
3. Acompañamiento desde el primer momento a las víctimas frente a los cuadros de estrés, ansiedad y frustración. Ese acompañamiento lo desarrollarán los trabajadores de los citados centros que, además, se han estado formando durante los últimos meses en estos aspectos.
4. También, se ha formado de manera especializada a los abogados que atienden a las víctimas tanto a nivel legal como psicológico.
5. Elaboración de protocolos antiokupación para las actuaciones de policías y empleados públicos, de la mano del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados.
6. Redacción de una guía informativa sobre cómo prevenir la okupación y cómo actuar ante ella, con la participación de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y a través del teléfono 012.
7. Firma de un acuerdo con los administradores de fincas para difundir un protocolo de actuación ante situaciones de okupación o inkiokupación.
8. Formación de los policías locales y autonómicos a través del Instituto valenciano de Seguridad Pública y Emergencia (IVASPE) para la asistencia inmediata ante delitos flagrantes de okupación.
9. Conexión telemática que permita a los funcionarios de la Generalitat Valenciana y de la Policía conocer al momento a quién corresponde la titularidad de inmueble okupado ilegalmente para agilizar el desalojo, gracias al cuerdo con el decanato de los registradores de la propiedad de la Comunidad Valenciana.
10. Articular un sistema de coordinación con los servicios sociales para valorar posibles situaciones de vulnerabilidad. 

Las 5 exigencias de Mazón a Sánchez contra la ‘okupación’

Además, Carlos Mazón ha planteado también una batería de cinco exigencias al Gobierno de Pedro Sánchez para poner fin a la okupación y a la inkiocupación. Son las siguientes:

1. Derogación de la Ley de Vivienda del Gobierno de España, que «ha sacado a decenas de miles de viviendas del parque de alquiler por miedo, y que ofrece más seguridad jurídica al okupante que al propietario», han explicado Mazón.
2. Reformar la normativa para agilizar los procedimientos judiciales y evitar el «calvario procesal» que tienen que sufrir los propietarios, reduciendo, por ejemplo, los plazos en los juicios verbales de desahucio.
3. Refuerzo de la autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para agilizar las intervenciones inmediatas.
4. Habilitación de un protocolo que coordine el trabajo de las fuerzas de seguridad para iniciar el procedimiento de recuperación exprés.
5. Introducción de desgravaciones a la propiedad de inmuebles okupados sometidos a procedimientos judiciales, entre otras medidas fiscales.