El Gobierno de Mazón acusa a Sánchez de una «traición sin precedentes» con la Ley de Amnistía

El Gobierno valenciano de PP y Vox, que preside el popular Carlos Mazón ha aprobado este viernes una declaración institucional en defensa de la igualdad entre los españoles en la que señala al presidente del Gobierno de España en funciones y candidato a la investidura el socialista Pedro Sánchez por «perpetrar una traición sin precedentes» con la Ley de Amnistía. Y de perpetrar, también,»el mayor acto de corrupción política al amnistiar un político a otro expresamente a cambio de su apoyo para permanecer en el poder».

La aprobación de esa declaración institucional se ha producido este viernes, en el transcurso de un Pleno, celebrado en Alicante, en el que la portavoz del Ejecutivo Ruth Merino ha insistido en que su Gobierno reclamará una condonación de la deuda igual o mejor a la que Sánchez ha pactado con los independentistas de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) para garantizar su investidura.

En su declaración institucional, el Gobierno de Mazón sostiene que España atraviesa un momento «de ataque extraordinariamente grave a la igualdad y a la convivencia entre los ciudadanos españoles, la democracia y el Estado de Derecho».

Porque, el Gobierno en funciones de España «ha mostrado su disposición a llegar a acuerdos con las fuerzas nacionalistas y sus dirigentes separatistas que le permitirían amnistiar a los delincuentes responsables de la declaración unilateral de independencia de 2017».

Recuerda el Ejecutivo valenciano que «tras años de cesiones constantes y concretas a los partidos separatistas», el presidente del Gobierno en funciones «ya ha defendido públicamente su decisión de perpetrar un acto de traición sin precedentes y que atenta gravemente contra la Constitución española y la igualdad de todos los españoles», elementos clave estos últimos, «que fueron determinantes en el proceso constituyente de 1978 y que dañan la convivencia entre todos».

Para el Gobierno valenciano: «La amnistía no es sólo olvidar. Es pedir perdón a unos políticos condenados no sólo por atentar contra la unidad nacional sino por malversar dinero de todos para destinarlo a sus fines ilícitos e individuales».

Y califica la aprobación de una ley de amnistía «para beneficiar a un prófugo de la justicia y al resto de encausados o condenados por los sucesos ocurridos en octubre de 2017» como «una aberración jurídica sin precedentes en el ordenamiento jurídico español, que borraría no sólo las penas sino las conductas ilegales protagonizadas por delincuentes ya condenados».

Además, el Gobierno valenciano entiende que: «No se puede permitir que la amnistía se configure como contrapartida de una negociación política en un Estado democrático y de Derecho como es España». Recuerda que: «En este mismo sentido, diferentes organizaciones judiciales, como el Consejo General del Poder Judicial o la Asociación Profesional de la Magistratura, han expresado su disconformidad y rechazo con mercantilizar la convivencia y el Estado de Derecho».

«El interés general, la legalidad y la igualdad siempre han de primar sobre los intereses individuales y partidistas», sostiene el Gobierno de Mazón en su declaración institucional. Y resalta como «fundamental» que «una actuación como la que se pretende desacreditar el Estado de Derecho, reconociendo que fue justo el proceso de secesión injusto el derecho que lo sancionó», supone «dinamitar nuestro Estado constitucional y democrático de Derecho». La amnistía, agrega, «da la razón política a los golpistas y legitima el intento de secesión del 1 de octubre».

Afirma, además, que «se atenta gravemente contra el principio de separación de poderes, ya que se está privando a los tribunales de enjuiciar los presuntos delitos cometidos por los amnistiados, así como de ejecutar lo juzgado en todas aquellas causas relacionadas con el proceso separatista».

Y añade que «de igual manera, se perpetra el mayor acto de corrupción política al amnistiar un político a otro expresamente a cambio de su apoyo para permanecer en el poder».

Por todo ello, el Pleno del Consell de la Generalitat Valenciana acuerda, según la citada declaración, en primer lugar, «declarar» su «rechazo firme y enérgico a la intención de acordar una ley de amnistía para los políticos fugados y condenados por los intentos secesionistas ocurridos en Cataluña».

Acuerda, además: «Aludir a la responsabilidad y dignidad de cada uno de los diputados y senadores que representan en las Cortes Generales a la Comunidad Valenciana para votar en contra de este ataque al pluralismo político, a la unidad, igualdad y justicia en España, y que libremente decidan como ejercer su voto».

Y advierte que «aquellos diputados que voten a favor de una ley de amnistía serán responsables de una inaudita ruptura de los valores básicos constitucionales».

El Gobierno valenciano manifiesta «la necesidad» de que los órganos de Gobierno de las Cortes Generales «rechacen la tramitación de la ley de amnistía por ser contraria a la unidad de España, la igualdad de todos los españoles, nuestra democracia, la Constitución y el Estado de Derecho». El Gobierno valenciano dará traslado «inmediato» de este acuerdo a los órganos de Presidencia del Congreso de los Diputados y del Senado.