Cataluña
El partido ejerce la acusación popular en la causa

VOX dice que la retirada de la orden de detención en Bélgica «beneficia a la instrucción»

VOX recurrirá la libertad con fianza de los exconsellers Rull, Turull, Romeva, Mundó, Bassa y Borrás

El partido VOX ha presentado un escrito en el Tribunal Supremo dirigido al magistrado Pablo Llarena reconociendo que la retirada de la orden europea de detención en Bélgica contra Carles Puigdemont y los 4 exconsellers que permanecen huidos «beneficia al normal desarrollo de la instrucción».

VOX, que ejerce la única acusación popular en la causa contra los organizadores del denominado ‘procés’, asegura que el objetivo que persigue el magistrado Llarena es que a los investigados «puedan exigírseles todas las responsabilidades a que haya lugar, sin distinciones perversas entre aquellos que son fugados de la Justicia –que resultarían los beneficiados por esta situación, frente a aquellos que no se han sustraído a la misma hasta ahora –que serían claramente perjudicados por esta situación».

Del mismo modo, el partido de Santiago Abascal ha insistido en el mismo escrito al juez instructor del Supremo que acuerde «la orden inmediata de detención y prisión sin fianza respecto de los fugados, en cuanto se encuentren en territorio nacional bajo la jurisdicción de los Tribunales españoles».

Este martes, el juez del Supremo acordaba retirar las Órdenes Europeas de Detención y Entrega, OEDE, en Bélgica dictada contra Carles Puigdemont, y los exconsellers Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí.

Las fuentes jurídicas consultadas afirmaban a OKDIARIO que “únicamente se cierra el expediente de la orden de detención en Bélgica y por lo tanto, en el resto de países y en España sigue vigente”. Es decir, en el momento en que Puigdemont y los exconsellers abandonaran este país “serían arrestados de inmediato”.

De esta forma, el objetivo del magistrado es evitar que las acusaciones contra Puigdemont “se limiten al delito de malversación y no a los de rebelión y sedición por los que se les quiere juzgar en España”. “Previsiblemente, la justicia belga iba a entregar al expresidente y a los otros miembros del Govern cesados por el delito de malversación y se limitarían las imputaciones contra ellos en el proceso”.