Cataluña

La ex consejera golpista Dolors Bassa pide la reincorporación a su plaza de maestra en Torroella

La Fiscalía mantendrá la prisión incondicional para los exconsellers salvo “cambios sustanciales”

Las exconsejeras Borràs y Bassa no esperaban ingresar en prisión: apenas llevaron ropa en su equipaje

  • Joan Guirado
  • Corresponsal de Gobierno y Casa Real. Siguiendo la actividad del presidente y líder del PSOE, Pedro Sánchez, y del Rey de España. También política catalana.

Hace trece días, hoy, que la ex consejera de Asuntos Sociales, Trabajo y Familias de la Generalitat de Cataluña, Dolors Bassa, abandonaba el centro penitenciario de mujeres de Madrid l, en Alcalá-Meco. Lo hacía tras declarar de nuevo ante el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, reconociendo ante el magistrado que se sentía cesada y que acataba el artículo 155, que tras su aplicación, suspendía las funciones del gobierno catalán.

Ahora, como ha podido saber OK Diario, la exconsejera golpista Bassa da un paso más para dejar atrás las que considera las peores semanas de su vida, y ha pedido el reingreso a su puesto de trabajo, como maestra en una escuela cristiana de Torroella de Montgrí (Alto Ampurdán).

Bassa, que antes de ser diputada y consejera de Carles Puigdemont había sido la secretaria general de UGT en las comarcas de Gerona, recuperará así pasadas las fiestas navideñas una plaza laboral que hace años que no ocupaba, por su dedicación a la función pública.

Asegura que después de todo lo que ha pasado, el cuerpo le pide no volver a ocupar ninguna consejería catalana, aunque defiende que si Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) gana -ella encabeza la candidatura por Gerona- debe ser Oriol Junqueras quien presida el gobierno y forme el próximo Ejecutivo catalán. Dolors Bassa también está dispuesta a ocupar el escaño que le será asignado el 21-D y que le permitirá continuar aforada en todo el proceso judicial.

Acusada de los delitos de sedición, rebelión y malversación de caudales públicos, Dolors Bassa de 58 años, se enfrenta ahora a 30 de prisión por la organización del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. La justicia también pone la lupa sobre su gestión al frente del departamento de Asuntos Sociales, Trabajo y Familias ya que sospecha que se derivaron partidas económicas destinadas a las personas más vulnerables para sufragar gastos de la consulta, extremo que Bassa siempre ha negado.