Vox exige readmitir a los dos sindicalistas despedidos por el PSOE de la empresa de limpieza de Palma

El Grupo Municipal de Vox exigirá en el próximo pleno municipal de finales de septiembre la readmisión de dos representantes sindicales de la central USTE, trabajadores de la empresa municipal de limpieza de Palma, Emaya, que fueron despedidos por la anterior dirección socialista.

Todo ello después de que sendas sentencias de los tribunales hayan declarado nulos sus despidos, instando, además, a su reincorporación inmediata, cosa que hasta la fecha no se ha materializado.

En uno de los casos, la empresa municipal presidida por el concejal del PP, Llorenç Bauzá, ha optado por recurrir el fallo judicial, mientras en el otro, todo hace indicar que su intención es hacer lo mismo.

Pero Vox, aún socio programático del gobierno municipal en minoría del PP, quiere que el equipo de gobierno proceda «a la readmisión inmediata de ambos trabajadores y representantes sindicales, tal como ha fallado el Juzgado de lo Social número 5 de Palma de Mallorca y al pago de la indemnización fijada en ambas sentencias», según reza la propuesta del partido liderado en Palma por el concejal Fulgencio Coll.

La formación recuerda que ambos trabajadores fueron despedidos por la anterior dirección de Emaya por ejercer su labor sindical «en una clara persecución contra este sindicato independiente».

Entrando en el contenido de sendas sentencias, Vox precisa que en uno de los casos el motivo del despido fue informar mediante audios en los grupos privados de afiliados sobre el proceso de estabilización de plazas fijas, criticando el representante sindical a la anterior dirección.

En el segundo caso, su salida fue por supuestas coacciones a los directivos de la empresa, revelación de secretos en referencia a críticas del nuevo reglamento del equipo directivo y haberlo impugnado judicialmente el sindicato.

Estas dos sentencias favorables a estos dos sindicalistas ponen en evidencia las malas artes de la anterior dirección socialista de Emaya, como los jueces están revelando en sus autos.

Hay que recordar que en 2021, el Juzgado de lo Social número 5 de Palma ya condenó a la misma cúpula directiva de Emaya, en este caso junto a cinco sindicatos más afines a la dirección, por acoso sindical, por vulnerar «de forma sistemática y consciente» los derechos fundamentales de libertad sindical de las centrales USTE y USO al excluirlas de todas las mesas de negociación colectiva.

Además, los condenó a pagarles una indemnización solidaria de 60.000 euros. Según el fallo judicial, los cinco sindicatos demandados y la empresa municipal habrían vulnerado los derechos fundamentales a la libertad sindical en su vertiente funcional de la negociación colectiva, siendo plenamente conscientes de la ilicitud de su actuación.

Según el juez, las 18 actas de esas reuniones de la comisión paritaria y de la comisión paritaria de contratación ponían de manifiesto que, de forma consciente y constante, la anterior dirección de la empresa y los sindicatos demandados utilizaron estos instrumentos para abordar, negociar y acordar cuestiones referentes al funcionamiento de la empresa. Un ámbito competencial que excede, ampliamente, el ámbito funcional propio de lo que debe ser una comisión paritaria de acuerdo con la doctrina jurisprudencial expuesta.

Como se exponía en el fallo judicial, nos hallamos ante una pluralidad de actos lesivos continuados en el tiempo, entre 2018 y 2021. Por ello, y habiéndose acreditado la vulneración del derecho fundamental a la libertad sindical, el juez considera que procedía condenar tanto a la compañía municipal como a los sindicatos demandados.

En su propuesta al pleno, el concejal y líder de Vox en Palma, Fulgencio Coll, asegura que al preguntar a un antiguo directivo de Emaya sobre los despidos improcedentes en la empresa en pasadas legislaturas, su respuesta fue que todos fueron readmitidos, cosa que no está sucediendo por ahora en estos dos casos.

«Por lo que me cuentan, Emaya ha cambiado mucho desde entonces, se persigue al personal, hay muchas cámaras de vigilancia, descontento general y pánico a decir algo que pueda contrariar a no sé quién», concluye la iniciativa plenaria de Vox.