Socialistas y separatistas exigen a Prohens que impulse la vivienda protegida con medidas que Armengol no puso en marcha en ocho años

Socialistas y separatistas de Més exigen a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que impulse la vivienda protegida con medidas que Francina Armengol no puso en marcha en los ocho años que estuvo gobernando en Baleares las dos pasadas legislaturas.

Aprovechando el tiempo preelectoral del calendario con la vista puesta ya en los comicios generales del 29 de noviembre, ambas formaciones han presentado sendas iniciativas parlamentarias en las que el PSOE, por un lado, exige al Govern del PP todo un paquete de medidas para blindar la vivienda social de precio limitado impulsada por el actual Ejecutivo, y los independentistas, iniciativas para restringir aún más el mercado inmobiliario y que solo se puedan comprar en las islas viviendas de primera residencia.

Ni una cosa ni la otra se les ocurrió cuando gobernaban en coalición con Podemos en el archipiélago y el precio de la vivienda se disparó un 72%, expulsando de su acceso a los residentes en las islas.

Ahora en la oposición, los socialistas han presentado una iniciativa en la que reclaman a Prohens la necesidad de impulsar las modificaciones normativas necesarias para suprimir la posibilidad de adquisición de viviendas de precio tasado por personas jurídicas,y garantizar que las viviendas sometidas a un régimen de precio regulado que se hayan promovido con financiación pública,  mantengan de forma permanente su destino social y asequible.

Para el PSOE es imprescindible ahora que no gobierna en Baleares, «establecer un sistema público de registro y seguimiento de las viviendas de precio tasado» que permita controlar titularidades, transmisiones, regímenes de precios, plazos de sujeción, visados ​​y autorizaciones excepcionales.

Para ello exigen un plan específico de inspección de las viviendas de precio tasado, con controles periódicos de las rentas efectivamente percibidas y de los gastos o prestaciones accesorias que puedan encubrir sobreprecios.

En estos momentos, esos inmuebles de precio limitado no se pueden vender en un plazo de 20 años, que empieza a contar desde la firma de la escritura de compraventa, ni tampoco ceder su uso por ningún título. Sólo se permite la venta antes de ese plazo si existen motivos excepcionales debidamente justificados (como un traslado laboral forzoso, un cambio drástico en la situación familiar o económica, etcétera) y siempre bajo la autorización previa de la Dirección General de Vivienda.

Los separatistas de Més van un paso más allá y han registrado una Proposición de ley de modificación de la Ley 12/2017, de urbanismo de las Islas Baleares, para garantizar el uso residencial habitual de las viviendas y en contra de la especulación.

En la misma exigen a Prohens, además de declarar Baleares como mercado residencial tensionado, que la transmisión de viviendas quede condicionada a que la persona adquiera y las destine a la residencia habitual y mantenga su residencia durante diez años.

Si antes de este plazo la deja de destinar a residencia habitual, deberá transmitirla a una persona que cumpla con las mismas condiciones y la destine a alquiler de residencia habitual.