Prohens recurre ante el Supremo el decreto que regula el procedimiento del reparto de menores

El Consell de Govern ha autorizado a la Abogacía de Baleares a presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo (TS) contra el real decreto por el que se establece el procedimiento a llevar a cabo para el reparto de menores migrantes desde Canarias.

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, lo ha anunciado este viernes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern.

Se trata de la segunda acción judicial impulsada por el Ejecutivo autonómico que preside la popular Marga Prohens para frenar esta medida, después de que el pasado marzo, a la par que otras comunidades gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha (PSOE), interpusiera un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la modificación de la Ley de Extranjería.

El nuevo recurso que ahora interpondrá la Abogacía de Baleares, en cambio, va dirigido contra el real decreto 658/2025, de 22 de julio, por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada.

El Govern ha considerado que este real decreto «vulnera los principios constitucionales de autonomía y solidaridad entre comunidad autónomas y no garantiza la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos en el reparto de menores».

Esta regulación, ha añadido, «afectaría gravemente a la autonomía financiera» de Baleares, dado que «pondría en peligro el sistema de protección de menores y dificultaría la gestión de los recursos destinados a esta finalidad», recoge la agencia Europa Press.

72 plazas de acogida específicas para menores migrantes

Los servicios de protección de menores de los consells insulares de Baleares cuentan con un total de 72 plazas de acogida específicas para menores extranjeros no acompañados (menas), un 17,7% de las 406 que el Gobierno ha fijado como su capacidad ordinaria.

Lo ha explicado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, que ha manifestdo que hasta hace unos años las 72 plazas «eran cifras razonables», dado que apenas llegaban menores no acompañados al archipiélago.

«Pero ahora nos hemos situado en unos niveles que nunca en la historia de estas islas habíamos conocido y, como consecuencia, los servicios de protección han estado absolutamente desbordados», ha señalado.

La situación actual, que ha considerado que no entra dentro de la «normalidad», ha hecho que con las plazas actualmente autorizadas «no se puede atender en condiciones de dignidad a estos menores».

El Gobierno, a través de un real decreto aprobado este martes, ha fijado que la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes de Baleares es de 406 plazas. Las 72 actuales, por lo tanto, suponen apenas un 17,7% de esta cifra.