El PP exige al Gobierno un plan urgente para Baleares ante la presión migratoria

El PP de Baleares ha registrado una Proposición No de Ley en el Parlament para exigir al Gobierno de España la aprobación inmediata de un plan específico para las Islas, dotado con los recursos económicos, humanos y materiales necesarios para hacer frente a una presión migratoria que ha dejado de ser una situación coyuntural para convertirse en un problema estructural.

La diputada ‘popular’ Cristina Gil ha denunciado públicamente que el Gobierno central haya «abandonado a Baleares mientras las pateras no dejan de llegar y los recursos públicos están completamente desbordados».

«No podemos seguir soportando una política migratoria basada en la improvisación y el efecto llamada, que solo beneficia a las mafias que trafican con seres humanos y traslada toda la presión a unas islas que ya han llegado al límite de su capacidad de respuesta», ha afirmado.

En este sentido, Gil ha criticado que Pedro Sánchez «ha dejado solos a los consells, a los ayuntamientos y a los cuerpos y fuerzas de seguridad, obligándoles a asumir unas competencias y unos costes que corresponden exclusivamente al Estado».

Asimismo, ha reclamado que el Gobierno y el PSOE «dejen de mirar hacia otro lado y pongan en marcha de manera urgente un plan específico para Baleares que refuerce el control de fronteras, incremente los medios del Estado y garantice una respuesta eficaz frente a una situación que afecta especialmente a la isla de Formentera».

«La respuesta no puede seguir siendo el abandono y la inacción. Baleares necesita más medios, más efectivos y una estrategia firme contra las mafias que se enriquecen con la desesperación de miles de personas. El Gobierno Sánchez debe asumir de una vez sus responsabilidades y dejar de trasladar las consecuencias de su fracaso en política migratoria a los ciudadanos y a las instituciones de nuestras islas», ha afirmado Cristina Gil.

La iniciativa reclama un refuerzo urgente de la Guardia Civil, la Policía Nacional y Salvamento Marítimo, el despliegue de Frontex y una financiación suficiente para que las administraciones insulares puedan afrontar una realidad que el Estado lleva demasiado tiempo ignorando.