El ministro de Universidades defiende en Palma el catalán como única lengua vehicular

El ministro de Universidades del Gobierno central, Joan Subirats, se ha pronunciado en Palma sobre la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir un 25% de las clases en castellano. Subirats ha explicado que en Cataluña hay un «intento» para que exista una regulación de la enseñanza que evite la judicialización y que este tema «se convierta en un conflicto político». Según ha manifestado, existe una voluntad de que la lengua vehicular de la enseñanza sea el catalán pero de manera que el castellano también esté «presente» y que exista una «normalización».

Subirats ha añadido que es «bastante insospechado» imaginar que los ciudadanos no vayan a aprender castellano porque la lengua vehicular sea el catalán.

El ministro, por otro lado, ha hecho hincapié este miércoles en la necesidad de que las universidades «recuperen el valor de la docencia». Así se ha pronunciado durante una entrevista en el programa Al Dia de Ib3 Ràdio recogida por Europa Press, donde ha destacado que durante años se puso mucho énfasis en las universidades en la investigación «desconsiderando más el valor de la docencia», por lo que ha abogado ahora por recuperar el valor de ésta, sin que esto suponga dejar de lado las labores de investigación.

«Nos hemos acostumbrado mucho a lo online», ha declarado antes de insistir en la necesidad también de «recuperar la idea de que tiene valor la presencialidad y la interacción».

Preguntado por el cordón sanitario que se aplica a la ultraderecha en otros países y no en España, Subirats ha recordado que esto se ha llevado a cabo de una manera no legislativa. No obstante, ha considerado complicado encontrar el «equilibrio» entre este rechazo a fuerzas antidemocráticas y la democracia ya que ésta «es más potente cuando más disenso incorpora». «Es un equilibrio complicado», ha añadido.

En otro orden de cosas, se ha referido al Real Decreto que permitirá llevar a cabo en las universidades las contrataciones de personas vinculadas a los contratos de investigación, que estarán «vinculados a proyectos de investigación con la lógica de los indefinidos e incorporando la indemnización que les corresponde».

En cuanto a la Ley Orgánica del sistema universitario, ha apuntado que quieren presentarla antes del mes de junio en el Congreso y que tendrá como objetivo «poner al día la universidad en relación a los intereses sociales».

En este sentido, ha subrayado la necesidad de que las universidades se vinculen más con la formación a lo largo de la vida de manera que exista una relación entre desarrollo productivo y universidad ya que las universidades no pueden «quedar desvinculadas de su entorno social».