El juez pide a la Fiscalía que informe sobre la denuncia del PSOE contra Ureña por el ‘caso Koldo’
La denuncia es por haber renunciado al expediente para reclamar los 2,6 millones de las mascarillas fraudulentas
El Govern de Prohens renunció a esta reclamación y se ha centrado en la recuperación de todo el dinero: 3,7 millones de euros
Un Juzgado de Palma ha acordado incoar diligencias previas por la denuncia del PSOE contra el actual director del Servicio de Salud de Baleares (IB-Salut), Javier Ureña, por la renuncia a la reclamación a la empresa del caso Koldo. En un auto, el magistrado Antonio Garcías incoa diligencias previas por la denuncia que presentó el PSOE por posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
Desde que estalló el escándalo de la compra de mascarillas fraudulentas por parte del anterior Govern del pacto de izquierdas a una empresa de la trama Koldo, el PSOE balear que sigue dirigiendo Francina Armengol ha centrado su batalla en un tema totalmente irrelevante como es la posible caducidad del expediente para reclamar los 2,6 millones estafados a la Comunidad Autónoma con las mascarillas falsas.
Cabe recordar que tanto la Fiscalía Europea como la Audiencia Nacional lo que investigan es el contrato con una empresa de la trama Koldo y no la posible caducidad del expediente de reclamación.
La decisión del actual Govern del PP ha sido olvidarse de este expediente y centrarse en la reclamación de todo el dinero pagado a la empresa de la trama Koldo, 3,7 millones de euros. El director general de Salud, Javier Ureña, ha explicado en diversas ocasiones que la reclamación inicial de 2,6 millones no tenía ninguna posibilidad de prosperar una vez conocido que el Govern de Armengol emitió un certificado de conformidad con el material suministrado por Soluciones de Gestión SL aun sabiendo que las mascarillas eran fraudulentas.
Para Javier Ureña la decisión correcta es conseguir la nulidad del contrato y recuperar los 3,7 millones de euros. Ureña considera nulo el contrato porque Soluciones de Gestión es una empresa que no tiene relación alguna con el suministro de material sanitario, algo que incumple la normativa sobre contratación pública.
El PSOE, sin embargo, obvia el mencionado informe de conformidad y la falta de capacidad de la empresa de la trama Koldo para suministrar mascarillas para centrarse en la caducidad del expediente de los 2,6 millones de euros y la renuncia del Govern de Prohens a reclamar este dinero, algo que considera na batalla perdida.
El PSOE acusa a Ureña de construir, con el conocimiento de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el resto del Ejecutivo autonómico, un expediente para ocultar la caducidad de la reclamación a la empresa por la calidad de las mascarillas.
La denuncia del PSOE atribuye a Ureña haber permitido deliberadamente la caducidad del expediente «en claro beneficio de la empresa y sus partícipes», instando un nuevo expediente de nulidad «como cortina de humo».
El escrito del PSOE recoge las escuchas a los investigados del caso Koldo, donde el supuesto cerebro de la trama, Carlos Cueto, informaba a Rotaeche de que Baleares «no iba a seguir con la reclamación de las mascarillas». Las investigaciones de la AN apuntan a supuestas maniobras de Koldo para ello.
Así y todo, y aún habiendo renunciado al primer expediente, el actual equipo del IB-Salut considera que el mismo no ha caducado. Explica que según la normativa el plazo sería de ocho meses y que por tanto seguiría en plazo, achacando a un «error» material la referencia a los tres meses. En cualquier caso, la Administración no llegó a contestar a las alegaciones presentadas por la empresa en noviembre.
El caso trascendió en febrero con la detención del ex asesor de José Luis Ábalos, y en marzo el IB-Salut desistió de aquella reclamación por considerarla inviable debido a un documento del anterior equipo donde se avalaba la calidad del cargamento. Al mismo tiempo inició un nuevo expediente para declarar nulo el contrato desde su origen y reclamar el total del importe, 3,7 millones de euros. La empresa ha presentado alegaciones, según han confirmado fuentes del IB-Salut.
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