La integración no se decreta

Baleares atraviesa el mayor desafío migratorio de su historia reciente. En los últimos cinco años, más de 20.000 personas han llegado a nuestras costas de forma irregular. Solo en 2025 se ha batido un récord sin precedentes: 7.321 personas llegaron en 401 pateras, muchas de ellas en condiciones extremas, poniendo en riesgo sus vidas y presionando unos servicios públicos que ya están al límite en vivienda, sanidad, educación y atención social. A ello se suma la acogida de alrededor de 750 menores no acompañados en un sistema claramente saturado por falta de espacios y profesionales.

Como territorio insular, con recursos finitos y una capacidad de acogida limitada, sabemos mejor que nadie que las decisiones improvisadas tienen consecuencias muy reales sobre la convivencia y la cohesión social. Por eso, el Govern de les Illes Balears rechaza frontalmente la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno de España mediante un real decreto sin consenso, sin debate parlamentario y sin contar con las comunidades autónomas que, como Baleares, tendrán que asumir el impacto directo de esta decisión.

No hablamos de ideología. Hablamos de responsabilidad. Regularizar a golpe de decretazo, con criterios laxos y sin planificación no es una política humanitaria: es una invitación al desorden, que provocará un claro efecto llamada. El propio contenido del real decreto es profundamente preocupante. Basta con acreditar cinco meses de permanencia en territorio español y, en caso de no poder aportar un certificado de antecedentes penales, se sustituye por una simple declaración responsable. Esta manga ancha no solo debilita al Estado de derecho, sino que puede generar problemas de seguridad y convivencia que ya están denunciando los sindicatos de la Policía Nacional, quienes alertan de una situación caótica, especialmente en Baleares.

Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, abandonados por el Gobierno de Pedro Sánchez, reclaman desde hace tiempo lo más básico: más efectivos y más recursos para poder trabajar en condiciones y con garantías. Son ellos quienes, día tras día, afrontan una presión creciente en nuestras islas sin el respaldo necesario del Ministerio del Interior ni del delegado del Gobierno. Mientras tanto, los grandes «logros» del socialismo en Baleares se limitan a instalar carpas en los puertos y a visitarlas.

El mensaje que se lanza con esta regularización es peligroso: quien entra de forma irregular, tarde o temprano, obtiene papeles. Ese efecto llamada no solo incentiva nuevas llegadas, sino que fortalece a las mafias que se lucran de la desesperación humana, sin escrúpulos ante los miles de personas que pierden la vida en el mar y que abre la puerta a muchos otros maleantes que, sin duda, aprovecharán la vulnerabilidad para hacer negocio, tal y como ya está ocurriendo con el tráfico de las citas en el servicio de extranjería. Europa avanza hacia políticas migratorias más firmes porque ha entendido algo esencial: saltarse las leyes no puede tener premio. España, en cambio, se desmarca y actúa en solitario, sin una política migratoria seria,
coherente y alineada con nuestros socios europeos.

Además, dar papeles no garantiza integración. La integración no se decreta; se construye con empleo estable, vivienda asequible, aprendizaje del idioma, respeto a las normas y recursos públicos suficientes. Nada de eso acompaña a este real decreto. No hay un plan de refuerzo urgente de los servicios de extranjería, hoy colapsados; no hay un plan serio de integración, ni se ha evaluado cómo afectará esta medida a territorios especialmente tensionados como Baleares.

La solidaridad sin gestión es demagogia. La humanidad sin orden genera más sufrimiento. Gobernar exige algo más que eslóganes cargados de buenismo: exige responsabilidad, planificación y respeto a la realidad de cada territorio.

Desde el Govern de Marga Prohens siempre hemos defendido una inmigración legal, ordenada y regulada. Firmeza contra la irregularidad y oportunidades reales para quien viene a trabajar, a contribuir e integrarse con respeto en nuestra sociedad. Ese es el modelo que garantiza convivencia y futuro.Porque acoger bien no es abrir la puerta sin límites, sino hacerlo con reglas, recursos y responsabilidad.