El Gobierno admite que hay un «problema de gestión administrativa» con el descuento de residente

El delegado socialista del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha reconocido que existe un «problema de gestión administrativa» con el descuento de residente en Baleares, después de que la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) haya avisado del peligro que corre la conectividad aérea del archipiélago por el impago del Ejecutivo de Sánchez.

«Hay un problema de gestión administrativa que se está resolviendo conforme van llegando las certificaciones de las aerolíneas», ha dicho el delegado del Ejecutivo central que ha asegurado que este asunto «no tiene ningún impacto a futuro», por lo que las bonificaciones al transporte aéreo se garantizan «como las conocemos hasta ahora».

«Entendemos que la conectividad se debe mantener y el compromiso del Gobierno con las bonificaciones es firme y se irá concretando conforme esas certificaciones vayan llegando y el proceso administrativo económico se vaya concretando», ha afirmado Rodríguez.

La asignación en los Presupuestos Generales de 2023, prorrogada en 2024 y 2025, ha resultado del todo insuficiente para cubrir las subvenciones de hasta el 75% en las tarifas de los servicios aéreos, y todo apunta que el problema que han tenido las aerolíneas en 2024, soportando esta deuda multimillonaria del Gobierno, se repetirá este año 2025

El Gobierno asignó 560,81 millones en los PGE para 2023 en subvenciones al tráfico aéreo regular de residentes extra-peninsulares, una cuantía que se ha visto ampliamente superada por una demanda de estas ayudas por encima del previsto.

A esta cuantía se han sumado otros 170 millones a través del Fondo de Contingencia para financiar modificaciones de crédito, pero igualmente se ha quedado corto, y todavía queda pendiente por abonar una importante suma de cientos de millones para cubrir las cuantías adelantadas por las compañías aéreas en concepto de subvenciones.

Las aerolíneas denuncian que la falta de compromiso presupuestario por parte del Gobierno contrasta con el esfuerzo de las compañías aéreas aumentando la conectividad aérea de estas regiones y, con ellos, su cohesión social y territorial.

En concreto, la oferta de capacidad en las rutas entre Baleares y la Península ha alcanzado los 55 millones de asientos, un 6% más que en 2023 y un 12,85% por encima de 2019, siendo la conectividad es fundamental para la cohesión territorial, intercambios comerciales y desarrollo económico y social.

El Parlament también ha instado al Gobierno de España a crear un protocolo de crisis ante casos que afecten al transporte aéreo en Baleares, como puedan ser conflictos internacionales o fenómenos meteorológicos adversos.

Así se ha acordado en la Comisión de Turismo, Comercio, Trabajo, Cultura y Deportes de este jueves con la aprobación por asentimiento de una proposición no de ley (PNL) del PP, defendida por la diputada María Salomé Cabrera, según ha informado la Cámara balear.

Concretamente, la iniciativa pide la creación de un protocolo de crisis además de los ya existentes en materia de emergencias con las comunidades autónomas y, en el caso de Baleares, con los consells insulares, para actuar de forma «conjunta y unificada» ante casos que afecten al transporte aéreo.

Igualmente, la Cámara solicita que el Ministerio de Industria y Turismo a través de la Secretaría de Estado de Turismo sea el ente de coordinación entre el Gobierno, las comunidades y consells insulares cuando haya una situación de crisis que afecte al turismo y a los viajeros en general.