OkBaleares
Sanciones

El Consell de Mallorca multará con 560.000 euros a un edificio de Palma por alquiler turístico ilegal

Turismo ha propuesto y notificado siete sanciones por valor de 80.000 euros cada una

El departamento de Turismo del Consell de Mallorca, que lidera José Marcial Rodríguez, multará con 560.000 euros a un edificio de Palma que se dedicaba al alquiler turístico ilegal.

En concreto, ha propuesto y notificado siete sanciones por valor de 80.000 euros cada una en un bloque de la capital balear que no dispone de licencia para ejercer esta actividad. Turismo ha iniciado estos expedientes sancionadores a siete pisos que se comercializaban en Palma, ubicados todos ellos en el mismo edificio.

Rodríguez ha expresado su satisfacción por esta nueva actuación desarrollada por el servicio de inspección y sanciones del departamento. Asimismo, ha insistido en que la oferta ilegal supone «no sólo una competencia desleal muy dañina para todos aquellos que hacen bien las cosas, que son la inmensa mayoría, sino un problema terrible para la convivencia, algo contra lo que queremos luchar y erradicar».

El conseller insular ha asegurado que estas sanciones son fruto de un largo trabajo en el seno del departamento, que «ha cumplido escrupulosamente con todos los procesos administrativos» y que ha permitido, como marcan los plazos legales, actuar de esta manera, detalla la institución insular en un comunicado.

Cabe recordar que las sanciones que se proponen actualmente a quien realiza alquiler turístico ilegal en la isla son de 80.000 euros por cada inmueble detectado. La horquilla de multas por esta cuestión que marca la ley varía desde los 40.001 euros en su franja más baja, hasta los 400.000 euros en la máxima, y hasta ahora se estaban imponiendo por valor de 40.001 euros.

De esta forma, las propuestas de sanción que se están imponiendo actualmente a quien realice esta actividad de manera ilícita son por valor de 80.000 euros por vivienda, con el objetivo de disuadir a estas personas para que cesen en su actividad, y de proteger a los residentes y garantizar la seguridad jurídica de toda la oferta legal en el sector turístico.