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Debate de política general

Armengol basa su plan contra la crisis en el reparto de paguitas y subvenciones en año electoral

Toni Costa (PP): "Vacía los bolsillos de los ciudadanos con el objetivo de comprar el voto en las próximas elecciones"

Josep Melià (PI): "Todo son ayudas y subvenciones pero falta una apuesta clara por los emprendedores"

Armengol inicia el debate criticando otra vez al PP por su propuesta de rebaja de impuestos

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha optado por repartir dinero público a diestro y siniestro en un año electoral y ha anunciado una batería de iniciativas con un coste de 200 millones de euros para, según ha dicho, combatir la crisis que ha generado la inflación.

El grueso de las medidas se centran en el pago de subsidios y ayudas, aparte de los 30 millones que incluirá en los presupuestos de 2023 para retomar el proyecto del cuestionado tren del Llevant que el PP paralizó.

De esta forma, el modelo anunciado por Armengol en el debate de Política General es el del reparto de ayudas y subvenciones y el de una economía subvencionada con la finalidad de comprar votos de cara a las elecciones de mayor de 2023.  Como ha señalado del portavoz del PI, Josep Melià, «todo son ayudas y subvenciones pero falta una apuesta clara por los emprendedores». Ha añadido que «una economía que sólo está subvencionada, dirigida y planificada desde el Govern no tiene recorrido a largo plazo».

Por u parte, el portavoz parlamentario del PP, Toni Costa, ha censurado que la presidenta Armengol «vacía los bolsillos de los ciudadanos» con el objetivo de «comprar el voto en las próximas elecciones». «Se ha anunciado la campaña electoral más cara de la historia», ha afirmado sobre los anuncios de la presidenta.

Costa ha criticado que Armengol «ha anunciado para ocho meses todo lo que no ha hecho en ocho años», cuando lo que «debería haber hecho es hacer balance». «La credibilidad de las medidas anunciadas se consolida o no en función del aval que presentas. El aval que puede presentar hoy Armengol no reafirma en absoluto los anuncios y la credibilidad de las medidas que ha puesto encima de la mesa», ha considerado.

Pagas y bonos

La primera medida anunciada es el pago de 300 euros (100 euros al mes durante tres meses de temporada baja) a las personas beneficiarias de prestación contributiva y de 600 euros (200 euros al mes durante tres meses de temporada baja) a los trabajadores fijos discontinuos y parados en general que no hayan acumulado el tiempo mínimo para tener prestación de desempleo.

Esta medida tendrá un coste de 54 millones de euros. También ha anunciado la ampliación del límite de ingresos para acceder a deducciones autonómicas del IRPF, que pasa de 52.800 euros a 25.000 euros. Al mismo tiempo se incrementa en un 10% el límite máximo de gasto deducible a todas las deducciones autonómicas.

Armengol también ha anunciado un bono social térmico de entre 82 y 206 euros para 17.000 personas; la congelación de todas las tasas excepto la del juego y nueva deducción de los intereses de las hipotecas de tipo variable sobre vivienda habitual hasta un máximo de 250 euros.

Otro anuncio ha sido el de un aval público para pagar la entrada de la primera vivienda: hasta el 20% de la hipoteca para viviendas menores de 270.000 euros.

Y más anuncios: dos pagas extraordinarias en la prestación económica de cuidados en el entorno familiar; supresión de las tasas de los centros de día; eliminación del copago de los servicios de ayuda a domicilio; subvención de las cotizaciones a la Seguridad Social de los autónomos de temporada y ayudas de hasta 5.000 euros a los autónomos que quieran iniciar o reanudar un negocio.

Armengol ha proseguido su intervención en el Parlament, de una 1 hora y 20 minutos, enumerando ayudas y subvenciones ante la mirada de estupefacción de los diputados de la oposición, los aplausos constantes de PSOE y Podemos y los menos constantes de los independentistas de Més.

Ha detallado que habrá una subvención directa de hasta el 80% de los costes de transporte de materias primas no energéticas y productos agroalimentarios  y 10 millones de euros para el Consell de Menorca para la compra de terrenos para protegerlos de futuras urbanizaciones.

Impuestos

En cuanto a subida de la presión fiscal, Armengol ha anunciado una subida del impuesto de transmisiones patrimoniales a la vivienda de lujo. El tipo pasa del 11,5% al 12% para viviendas de más de un millón de euros y se crea un nuevo tramo, a partir de 2 millones de euros, con un tipo del 13%.

El Govern estima que la recaudación de estos tramos servirá para rebajar la fiscalidad a los residentes en 15 millones de euros. En esta línea, aplicará una bajada del impuesto del 5 al 4% en las compras de primera vivienda de valor inferior a 270.000 euros.

Por otro lado, se devolverán las tasas universitarias al alumnado de la Universitat de les Illes Balears (UIB) que curse grados y másteres habilitantes. Podrán recuperar un 100% de lo que han pagado en tasas las familias que declaren rentas inferiores a los 52.800 euros conjuntamente, o menos de 33.000 en declaración individual.

Esto supondrá un retorno de hasta 1.800 euros por alumno y curso. El Govern aportará el importe en matrículas pagado por los más de 10.000 alumnos de la UIB que se estima que podrán acogerse a este beneficio.

También en el ámbito universitario, se eleva a 1.760 euros la desgravación para familias con universitarios que estudian fuera de su isla titulaciones que no están disponibles en su lugar de residencia. Es una situación que se da con frecuencia en Menorca, Ibiza y Formentera y la medida llegaría a unos 3.000 universitarios.

Marcar distancias con el PP

En su discurso, Armengol ha querido marcar distancias con el PP incidiendo en que su gobierno no cree «en rebajas generalizadas del IRPF que acaban haciendo que las rentas más elevadas se beneficien más que aquellos que peor lo están pasando para llegar a final de mes».

En esta línea, la presidenta ha recalcado que «la rebaja fiscal del IRPF que propone la derecha, la deflactación que dicen o las rebajas de unas décimas para todos» supondría que los diputados o ella misma se ahorrasen entre 100 y 150 euros en impuestos, mientras que personas con una pensión o salario mínimo sólo vería reducida su carga fiscal entre 12 y 50 euros al año.