Los abogados de Baleares rechazan la persecución política de los jueces pactada por Sánchez y Puigdemont

Los abogados de Baleares rechazan de forma rotunda la inclusión del concepto lawfare o judicialización de la política y la creación de comisiones parlamentarias de investigación en el acuerdo suscrito por el PSOE y Junts para la gobernabilidad de Pedro Sánchez.

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB) ha emitido un comunicado en el que, «desde la más profunda neutralidad política», se pronuncia en contra de la inclusión del concepto judicialización de la política y de dichas comisiones, «cuyas conclusiones se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida en que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que en su caso puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas».

Este organismo considera que «la referencia al término guerra jurídica y a un eventual sometimiento al control en comisión parlamentaria de las decisiones o procesos judiciales», que el acuerdo vincula con el procés, «supone un riesgo inasumible de quiebra de la separación de poderes y, por tanto, una amenaza directa sobre uno de los principios fundamentales que sustentan un Estado de Derecho moderno y democrático, como es el principio de independencia judicial».

Por otro lado, la Junta de Gobierno del ICAIB asegura que «la referencia expresa al lawfare no hace sino sembrar dudas inaceptables sobre la independencia de nuestros juzgados y tribunales, que disponen de sus propios mecanismos de garantía, y contribuir al desprestigio de la imagen de la Justicia tanto dentro como fuera de nuestras fronteras».

Los abogados del Estado han mostrado en seis puntos su contrariedad ante el pacto de los socialistas con los independentistas. «Rechazamos rotundamente los acuerdos de investidura, que suponen un ataque directo a la libertad, la justicia y la igualdad, con manifiesta quiebra de nuestro Estado de Derecho», explican.

En esta misma línea, también se muestran contrarios a la concesión de la amnistía a personas condenadas con las máximas garantías procesales y jurídicas, tras una instrucción y un enjuiciamiento considerado por ellos como «impecable».