Un juez investiga una presunta financiación irregular de la Junta socialista de 3.000 millones

• Borja Jiménez @borjajimenezd
• Responsable de OKDIARIO Andalucía.
• • 18/12/2020 12:56
  • Actualizado: 19/12/2020 18:15

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha desbloqueado la que podría ser la mayor trama de corrupción de la historia de España, con hasta cuatro veces el valor del ‘caso ERE’. Se trata de la presunta financiación irregular de la Junta de Andalucía del PSOE, que hacía transferencias desde las consejerías a sus distintos entes para saltarse todo tipo de control. Un sistema muy parecido al de los ERE, pero que en esta ocasión multiplica por cuatro lo malversado en aquel caso, toda vez que ahora se investigan movimientos por valor de 3.000 millones de euros.

Se trata del caso Transferencias de Financiación que, tras muchos años bloqueado -sobre todo porque la Junta socialista no aportaba los documentos que exigían los jueces-, el pasado 13 de noviembre, según ha podido saber OKDIARIO, se dio definitivamente traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas de cara a que se propongan nuevas diligencias. Hablando en plata, tras cuatro años de bloqueo, la mayor trama de corrupción de la historia de España podrá por fin salir a la luz.

Caso complejo

Y lo cierto es que el este caso ha tenido siempre bastantes problemas de cara a poder recabar la información necesaria para dilucidar si el gobierno socialista malversó casi 3.000 millones de euros más. Cabe recordar, en este sentido, que en diciembre de 2016 la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla e instructora del caso ERE, María Núñez Bolaños, se hacía cargo de esta causa, que quedó desde entonces bloqueada… hasta ahora.

Desde entonces, la Fiscalía y el PP Andaluz, que ejerce como acusación popular, exigían la reactivación del caso, bloqueado porque la Junta socialista no aportaba la certificación de todas las transferencias de financiación de explotación o de capital realizadas por las distintas consejerías a la agencia IDEA, desglosadas por anualidades, programas y aplicaciones presupuestarias entre los años 2000 y 2011, tal y como requería el juzgado.

En 2018, surgieron más problemas. Nuñez Bolaños se apartaba temporalmente de esta causa y era sustituida por la instructora Pilar Ordoñez, que se remangó de cara a la reactivación del caso. Entonces, se volvía a requerir la documentación para indagar sobre estar presuntas irregularidades.

Y aquí no queda la cosa. Hace apenas unas semanas había un nuevo cambio: el magistrado José Ignacio Vilaplana asumía la instrucción de todas las macrocausas que se investigan en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Según ha podido saber OKDIARIO, ha sido con la Junta del cambio cuando el juzgado ha recibido, por fin, toda esta documentación.

2.915 millones

El importe total de las operaciones presuntamente irregulares es de nada más y nada menos que 2.915,29 millones de euros. El juzgado, además de la documentación requerida desde 2016, solicitó también a esta agencia que «elabore y remita a este Juzgado un cuadro resumen de los gastos propios o pagos por cuenta de terceros realizados con fondos provenientes de transferencias de financiación de explotación o de capital y finalistas de las distintas Consejería de la Junta de Andalucía, desglosados por Consejerías, anualidades, programas y aplicaciones presupuestarias, durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 20011, ambos incluidos, de todos los programas presupuestarios – a excepción del 22E y 31L de la Consejería de Empleo».

Esta documentación, efectivamente, ya ha sido enviada al juzgado, motivo por el cual el PSOE Andaluz ya vuelve a estar bajo la lupa judicial. En este caso, sobre el que podría ser el mayor caso de corrupción en la historia de nuestro país. 

Nuevo caso

Este nuevo caso se suma al caso ERE, al caso Avales I y II, al caso FAFFE, al caso fraude de la formación, el caso Invercaria, el caso Jeremie, el caso UGT, el caso de las Unidades Territoriales de Empleo, el caso Bahía Competitiva o el caso Marismas del Guadalquivir. En total, más de 600 imputados, la inmensa mayoría vinculados a la Junta socialista y al propio PSOE.