Andalucía culpa al Gobierno de descontrol en los test de coronavirus a los inmigrantes

Uno de los problemas a los que se enfrenta a diario la Junta de Andalucía es a la oleada de inmigrantes que entran de forma ilegal a nuestro país. Esta comunidad autónoma es la puerta de entrada que da lugar a un problema mayor en tiempos de coronavirus. No se puede impedir que lleguen pateras, por humanidad hay que recoger a esas personas que pueden morir en el mar o resultar heridos, pero en estos momentos los test de coronavirus deberían ser el siguiente paso para acogerlos con total seguridad.

La Junta de Andalucía denuncia 400 inmigrantes sin test de coronavirus

La Junta de Andalucía afirma tener a 400 inmigrantes en la calle sin haberles hecho una prueba PCR para saber si están contagiados de coronavirus. Un drama que se une al de estas personas recién llegadas de forma irregular. Conscientes de que alguno de ellos podría estar contagiados sin saberlo, se pide el Gobierno ayuda urgente.

Los test deben ser una realidad para un colectivo que ya ha causado de forma involuntaria alguno de los rebrotes de Andalucía. La atención sanitaria o la cuarentena para estos inmigrantes se deberá hacer de forma correcta para que no se ponga en peligro a nadie. Tanto a ellos mismos, como a los andaluces o españoles con los que se crucen estas personas que se ven obligadas de salir de sus países para poder ganarse la vida.

Sin esa PCR negativa, los servicios de asistencia a los migrantes que dependen del Gobierno se niegan a aceptar a estas personas dentro del Sistema Nacional de Acogida, dependiente del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones que dirige José Luis Escrivá. Según un documento que marca el protocolo de actuación que se comunicó a las comunidades autónomas que, como Andalucía, son receptoras de inmigración irregular y en el que se imponían medidas como la realización de pruebas PCR a todas las personas que llegasen a España en patera. El debate sobre este protocolo o quién debe realizar los test, enfrenta Andalucía con el Gobierno central.