Madrid desmiente a Castilla-La Mancha y niega ser la causa de las bacterias fecales del Tajo

• Antonio Quilis @AntonioQuilis
• Periodista especializado en información medioambiental desde hace más de 20 años y ahora director de OKGREEN en OKDIARIO. Anteriormente director de El Mundo Ecológico. Colaborador en temas de medioambiente, ecología y sostenibilidad en Cadena Ser.
• • 17/09/2026 17:19
  • Actualizado: 17/09/2026 17:20

El Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid han desmentido este jueves a la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, que había responsabilizado a la región madrileña de la mala calidad del agua que llega al Tajo a su paso por Toledo.

La consejera se apoyó el miércoles en un estudio de la Cátedra del Tajo UCLM-Soliss, basado en un trabajo de fin de grado, para acusar a Madrid de «incumplir» con su sistema de depuración. Según ese trabajo, el río arrastra «más bacterias fecales», con niveles que llegan a multiplicar por 40 los límites permitidos para el baño.

Gómez lamentó que «un río tan magnífico como el Tajo» se haya convertido, a su juicio, en una «cloaca», e insistió en que los incumplimientos madrileños en nitrógeno y fósforo explican el deterioro que arrastra el agua hasta Castilla-La Mancha.

Un estudio sin datos para señalar culpables

Ambas administraciones madrileñas han insistido en que comparten la preocupación por el estado ambiental del río, pero rechazan que los datos difundidos permitan «atribuir científicamente» a la región madrileña las bacterias detectadas en Toledo.

Fuentes municipales y autonómicas madrileñas han denunciado que la información se ha usado «sin mayor contraste» para cuestionar el funcionamiento del saneamiento madrileño, sin recordar que Castilla-La Mancha tampoco depura aún varios pueblos y aglomeraciones urbanas situados aguas arriba de Toledo, en la cuenca del río Algodor.

El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid recuerdan, además, que la región cuenta con uno de los sistemas de saneamiento más avanzados de Europa, gestionado por Canal de Isabel II, que depura cada año más de 500 hectómetros cúbicos de aguas residuales.

Ningún expediente sancionador abierto

Las administraciones madrileñas subrayan que ese volumen de depuración, gestionado íntegramente por Canal de Isabel II, somete a la región a un control constante de sus vertidos antes de devolver el agua al cauce del Tajo y sus afluentes.

Las dos administraciones insisten en que no existe actualmente ningún expediente sancionador contra las depuradoras madrileñas por incumplir los parámetros de vertido autorizados, algo que consideran clave para valorar la acusación de Castilla-La Mancha.

También ponen en duda el alcance del estudio esgrimido por la consejera. Se trata de un trabajo de fin de grado que no cubre un año hidrológico completo y que analiza varios puntos del entorno de Toledo sin un seguimiento continuo desde la salida de las aguas madrileñas.

El trabajo, presentado el pasado 4 de septiembre en la Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica de la UCLM, tomó muestras entre noviembre de 2025 y mayo de 2026. Los puntos analizados fueron tres zonas de Toledo: Safont, la playa de la Incurnia y el tramo próximo a la antigua central de Buenavista.

Los datos que maneja la consejería

En invierno, los niveles de E. coli llegaron a multiplicar por 40 el límite permitido para el baño, y los de enterococos, hasta por 41,2 veces, según los datos recogidos por la Cátedra del Tajo y esgrimidos por Gómez para responsabilizar a Madrid.

Según el Ayuntamiento y la Comunidad, el trabajo tampoco caracteriza los distintos afluentes y puntos de vertido que existen en el trayecto entre Madrid y Toledo, ni incorpora trazadores capaces de determinar si la contaminación es de origen humano o animal.

Esos trazadores, señalan fuentes municipales, son habituales en los estudios de contaminación fecal para diferenciar si el origen de las bacterias es humano, ganadero o de otra fauna, y su ausencia limita las conclusiones que pueden extraerse del trabajo.

El propio estudio matiza la acusación

Las dos administraciones madrileñas consideran además que la lectura que ha hecho la consejera del trabajo es «parcial e interesada». El propio estudio, señalan, reconoce que las depuradoras contribuyen a la carga contaminante global, pero no actúan como focos aislados frente a la contaminación difusa que ya arrastra el cauce principal.

Esa contaminación difusa, señalan, supera ampliamente en muchos tramos a la que procede de fuentes puntuales como las depuradoras, según reconoce el propio Plan Hidrológico del Tajo vigente.

La propia Cátedra del Tajo reconoce, de hecho, que sus resultados deben considerarse orientativos, ya que la normativa exige muestreos durante varias temporadas de baño y el estudio no incluye el verano.

Procesos naturales entre Madrid y Toledo

Entre Madrid y Toledo, recuerdan también, se producen procesos naturales de autodepuración: mortalidad bacteriana, sedimentación, dilución y posibles aportes intermedios que modifican la carga contaminante a lo largo del recorrido.

Esos procesos, explican, pueden reducir de forma significativa la concentración de bacterias a medida que el agua avanza kilómetros por el cauce, sobre todo en los tramos con mayor insolación y oxigenación.

Sin conocer el tiempo de viaje del agua, los caudales reales, las condiciones meteorológicas de cada época y las cargas que se incorporan en cada tramo, el Ayuntamiento y la Comunidad sostienen que no puede afirmarse que las bacterias halladas en Toledo procedan de Madrid.

Competencias de la Confederación del Tajo

Ambas administraciones recuerdan, además, que el control de la calidad de las masas de agua y la vigilancia de los vertidos autorizados corresponden a la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Este organismo, dependiente de la Administración General del Estado, es también el encargado de inspeccionar los vertidos ilegales y de evaluar el estado ecológico del río.

Piden también no confundir los criterios sanitarios que se aplican a las aguas de baño con los límites que rigen las autorizaciones de vertido de las depuradoras.

Esta distinción, subrayan, resulta clave porque un mismo nivel de bacterias en el agua puede tener orígenes muy distintos, desde vertidos puntuales hasta escorrentías agrícolas o ganaderas, sin que ello implique necesariamente el incumplimiento de una autorización vigente.

Un límite de baño no prueba un vertido ilegal

Superar un indicador de calidad para el baño demuestra un riesgo para ese uso recreativo concreto, explican, pero no acredita por sí solo que una depuradora determinada haya vertido aguas sin tratar ni que haya incumplido su autorización.

El Ayuntamiento de Madrid defiende, por otro lado, que está realizando importantes inversiones en sus instalaciones de depuración, como las de Rejas y Valdebebas, y asegura poder acreditar el funcionamiento y el cumplimiento de las plantas ya adecuadas.

La situación es distinta en el caso de las estaciones depuradoras de La China, Butarque y Sur, cuyas actuaciones estructurales fueron declaradas de interés general del Estado y dependen del impulso del Ministerio para la Transición Ecológica.

1.200 millones de euros pendientes del Gobierno

Según el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, el Gobierno de la Nación adeuda 1.200 millones de euros para la construcción de esas tres depuradoras, comprometidos en un protocolo firmado con el Ministerio en 2009.

En ese convenio, recuerdan, se establecía como obligación del Ministerio -actualmente el de Transición Ecológica- ejecutar y financiar las obras declaradas de interés general del Estado, sin que hasta la fecha se hayan iniciado.

El Ayuntamiento madrileño recuerda que esa responsabilidad corresponde, según el propio convenio, a la Administración General del Estado, y no al Consistorio ni a la Comunidad de Madrid.

Doce cartas sin respuesta del Ministerio

Las dos administraciones madrileñas aseguran haber enviado 12 cartas y haber mantenido cuatro reuniones con el Ministerio, en las que este habría manifestado su intención de no asumir el pago pese a las condiciones firmadas en su día.

La polémica se suma a un contencioso más amplio entre ambas comunidades por la gestión del Tajo, marcado en los últimos años por varias sentencias del Tribunal Supremo sobre los caudales ecológicos del río y por el debate en torno al trasvase Tajo-Segura.

En ese contexto de tensión permanente, Madrid reclama garantías sobre su sistema de abastecimiento y depuración, mientras Castilla-La Mancha exige medidas urgentes para frenar el deterioro del río a su paso por Toledo, donde el baño sigue prohibido desde hace más de medio siglo.

Necesidad de datos rigurosos

El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid insisten en que el compromiso vigente obliga al Gobierno central a ejecutar y financiar unas obras declaradas de interés general, mientras reclaman que cualquier debate sobre la calidad del Tajo se apoye en datos «rigurosos» y no en estudios parciales.

Ambas administraciones cierran su respuesta a la consejera de Desarrollo Sostenible emplazando a Castilla-La Mancha y al Ministerio para la Transición Ecológica a abordar de forma conjunta, y con datos científicos completos, el estado real del Tajo entre Madrid y Toledo.