Elecciones generales y medioambiente: ¿Qué reclaman las principales ONG ecologistas para el 29-N?
España es un país especialmente vulnerable al cambio climático
Las organizaciones ecologistas demandan a los partidos políticos que asuman compromisos ambiciosos
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Un programa por la Tierra: seis propuestas para vivir mejor en un planeta habitable. Este es el nombre del documento conjunto que recoge las principales reivindicaciones de las cinco grandes organizaciones ecologistas de cara a las elecciones generales que se celebran el próximo 29 de noviembre en España.
Con esta iniciativa, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF buscan situar la protección del medioambiente y el bienestar ciudadano en el centro del debate electoral. También demandan a las formaciones políticas que asuman compromisos «ambiciosos, concretos y evaluables».
Las cinco ONG alertan además de que «la pérdida acelerada de biodiversidad y la emergencia climática ya tienen consecuencias directas sobre la vida de las personas, agravan los problemas de salud, encarecen los alimentos, destruyen viviendas, comprometen la seguridad y profundizan las desigualdades».
Actuar con urgencia
Estos riesgos se manifiestan de manera notable en España, un país «especialmente vulnerable al cambio climático, los episodios de calor extremo, las sequías prolongadas, las lluvias torrenciales, las inundaciones y los incendios forestales», aseguran las organizaciones ecologistas, que insisten en la «necesidad de actuar con urgencia».
En este contexto, y «frente al cortoplacismo y la polarización política», las grandes ONG ecologistas defienden que proteger la naturaleza es proteger la salud, los derechos, la seguridad y el bienestar de la sociedad.
Por ello, reclaman «un gran acuerdo político que impulse políticas basadas en la ciencia, cuente con una financiación suficiente, garantice una transición ecológica socialmente justa y promueva la participación efectiva de la ciudadanía en las decisiones que afectan a su territorio».
Seis ejes
El Programa por la Tierra 2026 articula sus propuestas en seis grandes ámbitos de actuación para la próxima legislatura:
- Transformar pueblos y ciudades para vivir mejor.
- Garantizar una alimentación saludable y entornos que protejan la salud.
- Afrontar la emergencia climática, sus olas de calor, incendios e inundaciones.
- Recuperar la biodiversidad para poner a salvo a la sociedad.
- Avanzar hacia una economía justa que mejore la vida sin destruir la naturaleza.
- Reforzar la democracia y proteger los derechos humanos.
Vivienda y alimentos
El primer punto, dedicado a la mejora de nuestros pueblos y ciudades, abarca cuestiones como «garantizar el acceso a una vivienda digna, asequible, eficiente y descarbonizada; renaturalizar los barrios para combatir el calor y mejorar la biodiversidad urbana; avanzar hacia un modelo de consumo que reduzca el uso de recursos y los residuos, y asegurar un transporte público de calidad, accesible y asequible en ciudades y zonas rurales».
En cuanto a la segunda demanda (alimentos y entornos saludables), las ONG defienden una «alimentación sostenible, saludable y accesible, que garantice precios justos tanto para quienes producen como para quienes consumen».
Asimismo, proponen impulsar «modelos agrícolas respetuosos con la naturaleza, reducir el uso de pesticidas y fertilizantes, disminuir las pérdidas y el desperdicio alimentario y combatir la contaminación del agua y de la cadena alimentaria».
Emergencia climática
En el documento conjunto se reclaman además «planes de prevención y adaptación» ante los riesgos de inundaciones, incendios forestales y temporales costeros, así como una mayor protección de las personas más vulnerables.
Pero, para las ONG, la adaptación frente a la emergencia climática «no es suficiente».
Por este motivo, plantean acelerar la reducción de emisiones, avanzar hacia un sistema eléctrico 100% renovable en 2030, establecer planes concretos de abandono de los combustibles fósiles antes de 2040 y garantizar que la transición climática sea justa para los sectores económicos y sociales afectados.
Biodiversidad
El cuarto punto del programa (recuperación de la biodiversidad) defiende la adopción de medidas para «revertir el declive de las especies silvestres, recuperar los ecosistemas degradados y garantizar que los espacios naturales protegidos cuenten con una gestión efectiva y recursos suficientes».
Para 2030, plantea varias metas, como conseguir que al menos el 30% de las especies y los hábitats con un estado de conservación desfavorable alcancen un estado favorable o muestren una tendencia claramente positiva, además de proteger y gestionar eficazmente al menos el 30% de la superficie terrestre y marina.
Las organizaciones ecologistas también reclaman eliminar o reformar los incentivos económicos que perjudican a la biodiversidad y orientar la financiación pública hacia su recuperación.
Economía justa
En el siguiente punto del documento se aboga por «avanzar hacia una economía justa» que sea capaz de mejorar la vida sin destruir la naturaleza. Con este objetivo, desarrolla propuestas como «integrar la conservación de la biodiversidad y la reducción de emisiones en todas las políticas sectoriales».
Otras medidas incluidas en este apartado piden aumentar la inversión pública en conservación y restauración, apoyar la agricultura favorable a la naturaleza y la pesca artesanal y costera, y avanzar hacia una fiscalidad más justa y verde.
También quieren «revisar las subvenciones perjudiciales para el medioambiente y orientar los recursos públicos hacia el bienestar colectivo y una transición ecológica socialmente justa».
Democracia y derechos
El último eje del programa subraya la necesidad de «garantizar la libertad de expresión y el derecho a la protesta pacífica, ampliar e integrar mecanismos de participación ciudadana para que tengan un papel más activo en la toma de decisiones, mejorar la transparencia institucional y regular los grupos de interés».
Asimismo, las ONG proponen «combatir la desinformación» y promover políticas que eviten que los impactos ambientales y las vulneraciones de derechos humanos se trasladen fuera de la Unión Europea.
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