HRW denuncia que el Ejército iraquí impide regresar a miles de iraquíes a sus casas liberadas del ISIS

Las fuerzas de seguridad iraquíes están impidiendo que las familias desplazadas por el conflicto con el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico (ISIS) en Irak puedan regresar a sus hogares en aquellas regiones en las que el Ejército iraquí ha expulsado a los milicianos yihadistas, según ha denunciado la directora de HRW para Oriente Próximo, Sarah Leah Whitson.

Whitson ha exigido este jueves a las autoridades de Irak que permitan volver a sus hogares a aquellas personas desplazadas que no representen un riesgo para la seguridad y que deseen regresar, al tiempo que ha solicitado que lo hagan «en paz» y se respete su derecho «a vivir donde quieran».

La mayoría de estas personas se encuentran, principalmente, en cinco campamentos y proceden de la provincia de Ambar, ubicada en el oeste de Irak, donde el 26 de octubre comenzaron las operaciones militares que tienen como objetivo recuperar las zonas que aún siguen bajo control de Estado Islámico.

HRW ha señalado que las autoridades buscan frenar el posible éxodo de decenas de miles de personas. Por eso, se han incrementado las restricciones dentro de los campos —entre ellas el tiempo de estancia fuera de los campamentos— debido al aumento del número de personas que están llegando de Ambar.

«A pesar de que las fuerzas iraquíes tienen que preocuparse en gran medida por garantizar la seguridad, el simple hecho de ser familiar de algún miembro vinculado a Estado Islámico o haber vivido en alguna de las zonas controladas por el grupo terrorista no es suficiente para representar una auténtica amenaza», ha asegurado Whitson.

A mediados de 2016, las fuerzas iraquíes iniciaron su lucha contra Estado Islámico en la ciudad de Faluya, situada a unos 50 kilómetro al este de Bagdad, en la provincia de Ambar. En octubre, el Ejército continuó con su avance por las ciudades de Qaim y Rawa, las últimas que aún se encuentran bajo control del grupo yihadista.

La Organización Internacional para los Migrantes Desplazados ha denunciado que el conflicto en Ambar ha provocado el desplazamiento de al menos 507.000 personas desde 2014, de las cuales cerca de 91.000 siguen aún en campamentos.

A principios de julio, unas 5.000 familias se quedaron paralizadas durante 12 días en Suqur, el principal punto de control que hay entre Ambar y Bagdad sin que las autoridades les dieran ninguna explicación.

Whitson ha señalado que ante la nueva oleada de personas desplazadas prevista, las autoridades «deberían asegurarse de que los desplazados puedan volver a casa cuando se sientan seguros».

Desde marzo, el alcalde de Ambar ha pedido a los distintos distritos de la provincia que fuercen la vuelta a casa de las familias desplazadas que residan en zonas que ya han sido recuperadas por las fuerzas iraquíes. El alcalde también ha instado a las autoridades de las ciudades de Jaldiya y Amiriyat al Faluya a forzar el regreso de aquellas familias cuyos hogares no hayan quedado destruidos.

Son muchos los cuerpos de fuerzas armadas que están dentro de los campamentos en Ambar, entre ellos las Fuerzas de seguridad iraquíes, las Fuerzas de Movilización Popular (PMF), agentes de Inteligencia del Ministerio del Interior y la Policía Local.

Denuncia detenciones arbitrarias

HRW ha denunciado la detención arbitraria y la desaparición forzada de miles de personas basándose en sus supuestos lazos con Estado Islámico. La organización ha podido entrevistar a nueve familias desplazadas en campamentos en la ciudad de Amiriyat al Faluya.

Seis de ellas han relatado que en septiembre varios soldados llegaron a su tienda y les avisaron de que recogiesen sus cosas para regresar a casa porque las zonas en las que viven se habían recuperado desde junio.

Las otras tres familias han narrado que advirtieron a los soldados de que tenían familiares que se habían unido a Estado Islámico y por esa razón no se sentían seguros de volver a casa. Todos ellos han asegurado que sabían que tendrían que regresar del punto de control de Suqur porque la Policía les había dicho que sus nombres aparecían en una lista de personas buscadas.

El alcalde de Amiriyat al Faluya ha previsto que a finales de marzo se hayan desalojado los campamentos que hay en la ciudad, lo que afectaría a unas 3.500 familias. HRW también ha tenido acceso a varias personas que han contado cómo las fuerzas de seguridad iraquíes han detenido y, en ocasiones, han hecho desaparecer a familiares suyos por sus vínculos con Estado Islámico. Dos de estas personas nunca han vuelto a saber nada de sus familiares detenidos.

Un hombre desplazado, Ammar, procedente de Saqlawiya, ha contado que su hijo, que también se encontraba desplazado, fue secuestrado por soldados del PMF durante 35 días en los que estuvo en paradero desconocido mientras le interrogaban por su supuesta vinculación a Estado Islámico. Pasados los 35 días, el joven fue puesto a disposición de la Policía local de Faluya y en septiembre fue puesto en libertad sin cargos.

HRW ha subrayado que las autoridades deberían informar a las familias de los desaparecidos y hacer públicas las cifras de soldados y civiles que están detenidos, incluyendo las personas detenidas en puntos de control y en campamentos, al tiempo que les ha instado a informar de las bases legales que justifican esas detenciones y los cargos que existan contra estas personas.