Francia: la vieja dama que se niega a aceptar que está arruinada

En cualquier otra parte, las escenas presagiarían una revolución inevitable; en Francia es miércoles. Los franceses tienen de antaño la idea de que el pataleo callejero todo lo alcanza en política, y no dudamos de que muchas veces ha funcionado. Pero hay un límite a todas las peticiones: la realidad, esa maldita aguafiestas.

Cuando uno ve una marcha a favor de la educación, una protesta en pro de la sanidad, un alegato favorable a la I+D, lo que lee es lo que subyace: están pidiendo más dinero. Muchas de esas protestas —no digamos cuando se pide todo a la vez, como en Francia— parten de dos falacias muy comunes en la izquierda: que el presupuesto es infinitamente estirable e inagotable, y que basta por sí solo para arreglar las cosas, sin que importe mucho cómo se gaste.
Francia es ahora mismo un caso de estudio de ambas, pero a ver quién se lo cuenta a los franceses, que llevan desde la posguerra viviendo esa ilusión. Porque no deja de ser extraño que se queje con tanta violencia de un gasto social insuficiente una ciudadanía que lleva décadas disfrutando de uno de los estados del bienestar más generosos del mundo. Pero Francia es como esa vieja dama que ha vivido tiempos mejores y que, aunque arruinada, se niega a aceptar que está arruinada.

Hubo un tiempo en que nuestra dama podía permitirse todos sus caprichos. Los franceses lo llaman los Treinta Gloriosos, los treinta años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. La industria producía a pleno rendimiento, la productividad crecía a un ritmo hoy inimaginable, los salarios subían y los franceses tenían hijos. Muchos hijos. Había trabajadores jóvenes para sostener a los viejos, fábricas que necesitaban brazos y una riqueza creciente que permitía mejorar simultáneamente el nivel de vida y las prestaciones sociales. El Estado del bienestar parecía una máquina maravillosa que repartía cada año más que el anterior. Y durante un tiempo lo fue.

Pero los Treinta Gloriosos terminaron hace medio siglo. La productividad perdió buena parte de su antiguo vigor, la industria empezó a languidecer, los franceses dejaron de tener tantos hijos y la población envejeció. Las pensiones, la sanidad y las demás prestaciones siguieron creciendo mientras se estrechaba la base que debía financiarlas. El problema es que nadie avisó a los franceses de que los Treinta Gloriosos habían terminado. O, más probablemente, nadie quiso escuchar. Lo que había sido posible gracias a unas circunstancias históricas excepcionales se había convertido en un derecho adquirido, tan natural e indiscutible como respirar.

Y así llegamos a nuestra vieja dama, que ha hipotecado la mansión, empeñado las joyas de la familia y acumulado deudas con todos los tenderos del barrio, pero sigue empeñada en mantener su tren de vida. El Estado francés gasta el 57,2% del PIB. Más de la mitad de toda la riqueza que produce el país pasa por sus administraciones públicas. Y ni con esas le llega. En 2025 gastó 152.500 millones de euros más de los que ingresó. La deuda superaba entonces el 115% del PIB y este año se aproxima al 120%. Francia lleva décadas pagando las facturas de hoy con los ingresos de sus nietos.

La señora disfruta de sanidad pública, educación financiada por el Estado, ayudas familiares, subvenciones a la vivienda, subsidios de desempleo, pensiones y una jornada laboral legal de 35 horas. Todo muy civilizado. Pero cada una de esas conquistas tiene un precio, y todas juntas cuestan una fortuna. Una fortuna que Francia ya no produce al ritmo necesario para sostener sus compromisos sin endeudarse. Y cuando alguien propone revisar alguna partida, la señora se pone hecha una furia y amenaza con prender fuego a la mansión.

Lo verdaderamente novedoso es que los acreedores empiezan a perder la paciencia. Este miércoles, el bono francés a diez años ha alcanzado el 5% de rentabilidad, algo que no ocurría desde 2002. Francia paga ya por endeudarse más que Italia, aquellos incorregibles manirrotos del sur a los que París contemplaba con tanta suficiencia. La prima de riesgo frente a Alemania se ha disparado hasta rozar los 160 puntos básicos, niveles que evocan la crisis europea de deuda soberana. El mercado está diciendo a Francia, con la brutalidad característica de quien arriesga su dinero, que ya no se fía tanto de su palabra.

Y la cosa empeora sola. Cuanto más desconfían los inversores, más intereses exigen. Cuantos más intereses paga el Estado, menos dinero le queda para las prestaciones que sus ciudadanos reclaman. Y cuanto más intenta recortarlas, más gente sale a la calle. Francia necesita reducir su déficit para recuperar la confianza de sus acreedores, pero cada intento de hacerlo amenaza con convertir el país en un campo de batalla. Una pescadilla que se muerde la cola, aunque bastante menos simpática que el animalito.

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo y francesa para más señas, ha venido a decir que la solución está en casa, en la propia política fiscal francesa. Es una manera educada de comunicarle a la señora que el banco ya no está dispuesto a seguir financiando sus fiestas. El Gobierno intenta sacar adelante unos presupuestos con decenas de miles de millones en ajustes, pero carece de una mayoría parlamentaria sólida. Y el año que viene hay elecciones presidenciales. A ver qué candidato tiene el valor de presentarse prometiendo menos pensiones, menos ayudas o menos funcionarios.

A esta fiesta se ha añadido entretanto una complicación que los padres del Estado del bienestar de posguerra difícilmente podían imaginar en su escala actual. Francia ha cambiado profundamente de población. Millones de inmigrantes y sus descendientes forman parte de una sociedad mucho más heterogénea, con enormes diferencias de renta, empleo, cultura y sentido de pertenencia. Las prestaciones públicas tienen especial importancia para los hogares de menores ingresos, entre los que están sobrerrepresentados algunos colectivos de origen inmigrante. Quienes dependen más de las ayudas tienen razones muy concretas para resistirse a que se cierre el grifo. El Estado ha adquirido nuevas obligaciones sociales precisamente cuando más dificultades tiene para atender las antiguas.

Pero la consecuencia más grave puede ser otra. Un Estado del bienestar tan generoso exige una solidaridad formidable entre desconocidos. El contribuyente acepta pagar la pensión del vecino, la educación de sus hijos y la atención médica de personas que jamás conocerá porque se reconoce parte de una comunidad con obligaciones recíprocas. La confianza es el cemento invisible de todo el edificio. Y Francia ha ido debilitando ese cemento a medida que se fragmentaba en comunidades con identidades, intereses y lealtades diferentes.

Mientras sobra el dinero, esas diferencias pueden disimularse. Cuando escasea, cada grupo empieza a mirar las cuentas del otro. Quién paga. Quién cobra. Quién ha contribuido. Quién acaba de llegar. Quién debe sacrificarse por quién. Francia necesita ahora una cohesión nacional extraordinaria para repartir unos sacrificios inevitables. Y afronta esa tarea en una sociedad bastante menos cohesionada que la que levantó su Estado del bienestar. No parece la mejor combinación.

Además, los franceses tienen una larga experiencia en conseguir en la calle lo que sus gobiernos se resisten a concederles en los despachos. Desde la Revolución, la barricada forma parte del repertorio político nacional. Los chalecos amarillos arrancaron concesiones a Macron después de meses de protestas. La enseñanza es sencilla: si el Gobierno no cede, hay que hacerle más costoso resistirse. Quemar cosas sale relativamente barato cuando la factura de los desperfectos termina pagándola el propio Estado al que se exige más dinero.

Y así hemos llegado a la paradoja definitiva. Francia necesita gastar menos, pero sus ciudadanos exigen gastar más. Necesita aumentar su productividad, pero la protesta se concentra en reclamar una mayor porción de lo que ya produce. Necesita confianza para afrontar los sacrificios y se encuentra cada vez más dividida. Necesita políticos capaces de decir verdades desagradables, pero las elecciones están a seis meses y nadie quiere suicidarse electoralmente.

Desde España convendría prestar atención al espectáculo. También aquí estamos en campaña, también aquí abundan los vendedores de soluciones presupuestarias y también aquí hemos aprendido a llamar conquista social a cualquier cosa que el Estado prometa pagar. La diferencia es que Francia lleva bastante más tiempo practicando el experimento y empieza a descubrir su desenlace. Por algo conviene mirar de vez en cuando lo que sucede al otro lado de los Pirineos.

Nuestra vieja dama sigue dando fiestas, aunque la mansión esté hipotecada, los acreedores hagan cola en la puerta y el servicio lleve meses sin cobrar. Y cuando alguien se atreve a sugerirle que quizá debería moderar sus gastos, amenaza con quemar la casa.

Pero Francia celebra elecciones presidenciales dentro de seis meses. Ningún candidato quiere presentarse ante sus electores con una calculadora cuando sus adversarios reparten billetes de lotería.

Y ningún político francés va a salir al balcón a decirle a la multitud enfurecida que no hay más cera que la que arde.