Sánchez Gordillo construye con fondos del PER las casas gratuitas con las que premia sus votantes

En Marinaleda, votar al alcalde tiene consecuencias directas para el votante. El comunista Juan Manuel Sánchez Gordillo ha anunciado que premiará a los habitantes que le mantuvieron en el puesto tras las últimas elecciones dándoles acceso al paquete municipal de ayudas y vivienda gratis. Casas que construye recurriendo a fondos del Plan de Empleo Rural del que vive el municipio.

“847 traidores”. El alcalde comunista de la localidad sevillana de Marinaleda tiene controlados a los votantes que le dieron la espalda en las últimas elecciones y prefirieron a la candidatura (también de izquierdas) de Avanza.

Para aquellos que no le votaron, Gordillo anuncia “tinieblas” y “miseria”. Y recompensas para los fieles que le apoyaron y «dieron la cara por este proyecto». A ellos, dijo la noche electoral, se lo devolverá con subvenciones y casas gratis cuya construcción financia a través de fondos del PER (Plan de Empleo Rural). «Serán los primeros» en recibir las nuevas viviendas, dijo Gordillo.

No es un video de Venezuela, es Marinaleda un pueblo de Sevilla, donde el cacique Sanchez Gordillo lleva más de 40 años gobernando con un régimen basado en el miedo.

Va siendo hora de prohibir el Comunismo en España. pic.twitter.com/P7vPqwtm4m

— David Santos (@davidsantosvlog) 30 de mayo de 2019

En sus cuarenta años al frente del consistorio, Sánchez Gordillo ha desarrollado un complejo protocolo de “autoconstrucción” de viviendas sociales. Uno de los principales ejes de la política comunista que viene ejecutando de cara a los vecinos.

Pero, ¿cómo consigue uno de los municipios más pobres de Sevilla, con mayores tasas de abandono escolar y con un tejido empresarial privado prácticamente inexistente costear la construcción de viviendas para los votantes amigos de Gordillo? Expropiando terreno, empleando a vecinos como albañiles y subvencionando, vía presupuestos de la Junta Andalucía, la compra de los materiales.

Expropiaciones

“Lo primero era conseguir suelo. Así que primero expropiamos y luego municipalizamos miles de metros en los alrededores de nuestro municipio. Una vez que tuvimos suelo nos pusimos a reivindicar ante el Gobierno Central y el Autonómico dinero para hacer viviendas”. Así de simple lo explica el propio ayuntamiento.

El protocolo parte de la expropiación de terrenos de propiedad privada bajo la premisa del interés público. Una vez municipalizado ese suelo, el ayuntamiento lo cede de forma gratuita al vecino, al que en el argot marinaleño se le denomina “autoconstructor”.

Antes de comenzar las obras, el Ayuntamiento se reúne con estos autoconstructores para diseñar un plan de construcción y determinar qué tipo de materiales necesita. Esos materiales son cedidos por el consistorio. Y se consiguen “con convenios con la Junta de Andalucía” y con fondos para “obras del PER” (Plan de Empleo Rural).

Albañiles gratis

Sin embargo, pese a disponer de terreno y materiales gratuitos, el “autoconstructor” necesita mano de obra. Y ahí vuelve a entrar de nuevo Sánchez Gordillo. “Le cedemos gratuitamente varios albañiles (a sueldo público) para que dirijan las obras” señala el ayuntamiento.

La legislación de urbanismo exige que el plan de construcción esté acompañado de un proyecto técnico, firmado por arquitectos, que certifique que el proceso se realice en condiciones.

Los arquitectos también son gratuitos (pagados por el Ayuntamiento), y Sánchez Gordillo permite que los autoconstructores se reúnan con los arquitectos para “rectificar o modificar aquellas cosas que mejoren sus viviendas”. Para que las adapten a sus necesidades.

El modelo básico de vivienda consta de dos plantas, en las que se distribuyen 3 habitaciones, baño y cocina. Cada casa, adosada a la de otros vecinos, tiene un patio de cien metros cuadrados. Este espacio está pensado para permitir futuras ampliaciones del domicilio.

Hipotecas de 15 euros

La construcción es gratis. Pero el usufructo de la vivienda tiene un coste mensual. Una especie de hipoteca-cuota con la que aportan fondos a otros planes sociales del ayuntamiento. El coste de esta “hipoteca” la fijan por acuerdo los autoconstructores. Ronda los quince euros mensuales. Eso sí, se calcula el tiempo que ha invertido el vecino construyendo su vivienda y se le devuelve en forma de “salario inducido”.

Mientras, el municipio se mantiene laboralmente mediante cooperativas y empleos públicos, ya que el sector privado es prácticamente inexistente. “El derecho a la vivienda es incluso más vital que el derecho al trabajo porque es tener o no tener un lugar donde al menos poder aguantar la dureza de la que siempre son víctimas los empobrecidos”, advierte el ayuntamiento.