El PSOE pide a Rajoy frenar la huelga de los examinadores de tráfico: «Sería un error la privatización»

Los examinadores de tráfico llevan dos meses en huelga y se han visto obligados a suspender 100.000 exámenes prácticos para obtener el carné de conducir, 71.000 según la Dirección General de Tráfico (DGT). Un conflicto que, a diferencia de la huelga del taxi, permanece en segundo plano y todavía sin solución. Alrededor de 33.000 familias se han visto perjudicadas y 200.000 alumnos permanecen a la espera de saber cuándo podrán examinarse.

El conflicto permanece abierto en el Congreso con la intención de registrar en la Cámara una Proposición de Ley que obligue en septiembre al Gobierno a pronunciarse sobre este asunto. Una gran mayoría de empresarios han tenido que pedir créditos para afrontar los 15.000 euros que cuesta mantener una autoescuela al mes. Los alumnos dejan de contratar clases prácticas, a sabiendas de que no van a poder examinarse mientras siga la huelga.

El portavoz de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible del PSOE, Pablo Bellido, nos da las claves de la negociación.

Un acuerdo de 2015

P.- ¿Qué hay detrás de este conflicto? 

R.- En 2015 el Gobierno y la DGT alcanzaron un acuerdo con diferentes puntos, entre ellos, crear un complemento específico para pagar a los examinadores de tráfico unos 250 euros más al mes. Hay unos 750 examinadores en España y vienen a ganar igual que los empleados que están en las oficinas.

El problema es que tienen unas condiciones laborales que son más elevadas que el resto por peligrosidad. En 2015 se llega a este acuerdo pero desde entonces el Gobierno ha incumplido la palabra. Ahora exigen su aplicación o sino amenazan con la huelga indefinida del sector a partir del 4 de septiembre.

(«Cada vez se presentan más personas que no están preparadas y eso genera inseguridad y algún que otro susto a los examinadores», explican a OKDIARIO varios examinadores)

P.- ¿Cuál es el mensaje del PP y del Gobierno?

R.- Al principio, tanto el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, como el director de la DGT, Gregorio Serrano, reconocieron que debían de pagarles y cumplir con el acuerdo porque es un puesto muy desincentivado. Ahora se contradicen asegurando que van a poner servicios mínimos y al día siguiente explican que el sector va mejor que nunca. Se han perdido ya 20 millones de euros y 12 millones en concepto de tasas.

El año pasado, el sector de los examinadores costó 23 millones de euros a las arcas públicas y el Estado recaudó 115 millones por tasas. Este problema se arregla con menos de 3 millones de euros y si no se actúa nos puede costar el doble a los contribuyentes.

P.- Sabemos que ya ha habido reuniones, ¿qué se está hablando? 

R.- Sí, nos hemos reunido con Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV y los sectores afectados (examinadores y autoescuelas). El PP no quiso sentarse en la mesa. Tanto las autoescuelas como los examinadores se han puesto de acuerdo y piden un plus por productividad, entre otras cosas.

«Cambios en el discurso de la DGT»

P.- ¿Por qué el PP no quiso sentarse?

R.- El director general de la DGT ha comparecido en varias ocasiones en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Hace un año decía que los examinadores tenían razón y que iba a luchar por incentivar el puesto, más tarde cambiaron de discurso. Mi impresión es que han sido convencidos por otras partes del PP y por la propia DGT para que no se cumpla con la palabra dada. Están llevando a la ruina a las autoescuelas.

P.- ¿Cree que todo apunta a la privatización del sector?

R.- El PP lo ha negado públicamente. Sería un error privatizar el servicio que evalúa y cualifica a las personas para conducir por nuestras carreteras.

P.- ¿Se discutirá este asunto en el pleno del Congreso? ¿Qué pedirá el PSOE?

R.- Seguiremos apoyando las reivindicaciones de los examinadores y pediremos también compensaciones en el sector de las autoescuelas. Habrá que hablar de ayudas a fondo perdido, de incentivos fiscales, de rebajar el IVA en la formación vial (tienen el 21% de IVA, mientras que el resto de formación se bajó a un 4%), entre otras propuestas.

Los socialistas presentamos una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 3 millones de euros para este asunto, pero el Gobierno nos dijo que la DGT tenía remanentes y que no se trataba de un problema económico. También tiene que haber más formación en educación vial. Somos el único país de toda la OCDE que no tienen ninguna asignatura reglada de formación vial.

Todos los grupos estamos tendiendo puentes para encontrar un equilibrio que sea asumible. Intentaremos elevar propuestas en sede parlamentaria para compensar las enormes perdidas que están llevando al cierre a muchas autoescuelas.

El Real Club Automóvil de Cataluña advierte que, como mínimo, 110.000 personas no podrán obtener el permiso de conducir en España si la huelga se alarga durante septiembre.