El PP sopesa llevar la ‘ley Begoña’ al Constitucional: «Es una reforma encubierta de la Carta Magna»

El PP arma ya su estrategia con la vista en puesta en llevar al Tribunal Constitucional, en caso de que finalmente se apruebe y llegue al BOE, la mordaza judicial (o ley Begoña) impulsada por Pedro Sánchez que pretende limitar la acusación popular y generar impunidad para su partido, su Gobierno, su mujer y su hermano. Los populares denuncian que se trata de una «reforma encubierta de la Carta Magna».

Su primer posicionamiento legal se produjo el pasado jueves en la Mesa del Congreso, donde el Grupo Popular se opuso a la calificación de la proposición de ley orgánica de «garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas», indica su enunciado. El texto pasó el filtro del órgano de Gobierno de la Cámara, asistido por sus servicios jurídicos, pese al rechazo del PP, a cuya argumentación a puerta cerrada ha tenido acceso OKDIARIO.

Según fuentes del PP, los representantes del Grupo Popular en la Mesa pidieron la inadmisión a trámite de la ley Begoña subrayando que «supone un ataque frontal al Poder Judicial, al Estado de Derecho, a la separación de poderes y a los principios rectores del ordenamiento constitucional»

Los populares expusieron en la Mesa -controlada por la mayoría de PSOE y Sumar- que el título de la proposición socialista «ya desvela sus objetivos», mientras que su articulado «choca con la Constitución». «Se pretende vaciar de contenido la acusación popular conculcando así el artículo 125 de la Constitución», remarcaron los representantes del PP ante los socialcomunistas, entre ellos la presidenta del Congreso, Francina Armengol (PSOE).

En este contexto, los miembros del PP advirtieron de que el texto busca que «quien se persone como acusación popular no pueda estar en la instrucción y no pueda proponer pruebas, lo que ataca el ejercicio de este derecho». «Derecho que también se ve vulnerado por la retroactividad que pretende la ley», incidieron los populares, según las fuentes consultadas.

«Estamos ante una mutación constitucional de gran calado, por lo que consideramos que la proposición del PSOE incurre en fraude de ley porque se trata de una reforma constitucional encubierta», sentenciaron los de Feijóo frente a los miembros del bipartito que conforma el Gobierno.

Ya el pasado lunes, tras la reunión del Comité de Dirección, los populares avanzaron que dan «un rango de importancia capital» a los efectos nocivos de esta ley, situándola «al mismo nivel» que lo ocurrido con la Ley de Amnistía. Además, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, avanzó que su formación desplegaría ante este «atropello» todas las iniciativas a su alcance «de orden político, de orden institucional y de orden social», abriendo así la puerta a la convocatoria de movilizaciones masivas como sucedió ante la citada Ley de Amnistía, que el PP acabó llevando ante el Constitucional el pasado septiembre.

«Mayor control»

En esa ofensiva ocupa también un lugar destacado la denuncia ante la Unión Europea. La vicepresidenta del Partido Popular Europeo y portavoz de la Delegación Española del PP, Dolors Montserrat, elevó este semana a la Comisión Europea el nuevo ataque contra los jueces urdido por el Gobierno de España. El partido de Feijóo incide en que, además de «reducir el papel de las acusaciones populares, decisivas en los casos de corrupción que mantienen acorralado al Ejecutivo», Moncloa quiere acometer otra reforma para «entregar la dirección de las investigaciones a la Fiscalía, y así tener mayor control sobre estas causas».

«Asistimos a una nueva maquinación del Gobierno de Pedro Sánchez para intentar zafarse de los escándalos que le rodean, limitando las posibilidades de la acusación popular y manipulando las competencias de los jueces para que sea la Fiscalía –que como todos saben ya está colonizada por el Ejecutivo– sea quien decida el archivo de las causas penales que le incomoden», criticó Monsterrat en su escrito a la Comisión.

La diputada del PP enfatizó que la protección de las acusaciones particulares y la dirección de la instrucción penal por parte de jueces son «pilares esenciales» para garantizar «un sistema de justicia equilibrado, independiente y justo».

Además, señaló que la acusación popular es un principio constitucional que permite que los ciudadanos y organizaciones participen activamente en los procedimientos judiciales, «garantizando el derecho a un recurso efectivo y promoviendo la transparencia». «El Gobierno quiere tocarlo para promover la impunidad de su entorno», agregó.

Por todo ello, Montserrat aseguró que el PP no permitirá ninguna reforma que pueda «comprometer la imparcialidad de las investigaciones, exponiéndolas a presiones externas, afectando a la igualdad ante la ley de los ciudadanos, independientemente de si forman parte del Gobierno o son familia de sus miembros».

Precisamente, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, viajó este viernes a Berlín para participar en un encuentro de trabajo con sus colegas de la familia popular europea, a los que informó de la «necesidad de fortalecer el Estado de Derecho en España al verse comprometido por la amenaza que supone esta amnistía preventiva», apuntaron fuentes del PP sobre la ley Begoña.