El PP dice que los ciudadanos tienen «todo el derecho» a retirar los «ofensivos» lazos amarillos

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, considera que los «lazos amarillos» y otros símbolos independentistas resultan «ofensivos» para una parte de la sociedad catalana y cree que los ciudadanos tienen «todo el derecho del mundo» a quitarlos de los espacios públicos.

A su juicio, la intención de los Mossos de sancionar a quienes quitan lazos amarillos o las palabras del president Quim Torra amenazando con «atacar» al Estado demuestran que el Govern independentista no está por el acatamiento de la Constitución: «Son actitudes absolutamente inadmisibles que requieren una respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez mucho más contundente de la que se ha dado hasta ahora», sostiene.

En una entrevista con Europa Press, Cosidó afirma que en la polémica de los lazos amarillos lo que está en juego es «la libertad de millones de catalanes» y critica que esos símbolos sean «alentados» por las instituciones catalanas pese a no ser constitucionales y resultar «ofensivos» para «una parte importante de la sociedad».

«No puede ser que poner unos símbolos que resultan ofensivos sea alentado desde las instituciones y que aquellos que los retiran sean perseguidos -opina-. Los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo (a quitarlos)».

Preguntado si esto puede derivar en un enfrentamiento entre catalanes, ha señalado que los poderes públicos «por supuesto» que tienen que garantizar la convivencia, pero en su opinión esa convivencia sólo se puede garantizar en libertad, porque «lo contrario es una dictadura». «Las dictaduras muchas veces gozan de una gran paz social, pero a costa de no tener libertad», apostilla.

Según Cosidó, los Mossos d’Esquadra se «extralimitan» tratando de sancionar a quienes quitan los símbolos y ha recordado que «la primera obligación del Gobierno es garantizar la seguridad de esos catalanes que se sienten españoles, darles amparo para que no se sientan desasistidos».

El dirigente del PP cree que hay medidas que el Gobierno de Sánchez puede tomar para frenar esta situación y menciona enviar un requerimiento a la Generalitat o convocar a la comisión bilateral de seguridad para analizar si la actuación de los Mossos es o no correcta -precisamente el ministro Fernando Grande Marlaska la ha convocado para principios de septiembre–, o incluso instar a la fiscalía a actuar. «Se ha demostrado que tenemos un Estado de Derecho que funciona, una legislación potente y capacidad de actuación, pero tiene que haber también voluntad política», sostiene.

Para el senador del PP, la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña ha funcionado porque «consiguió parar un golpe de Estado y la proclamación de la república catalana», pero ahora «la deriva no es nada buena», ya que «la fiabilidad que ofrece el Govern de la Generalitat para garantizar el respeto de la Constitución es absolutamente escasa».

«Tenemos una gran tarea política por delante porque el Gobierno de la Generalitat no parece estar en una senda de acatamiento de la Constitución, sino más bien de desafío al Estado», avisa Cosidó, que pone como ejemplos las sanciones contra quienes retiran los lazos, las pancartas contra el Rey en el aniversario de los atentados del 17 de agosto o las palabras de Torra acerca de pasar «al ataque» contra el Estado.

A su juicio, esas palabras de Torra son «una de las muestras más flagrantes de la falta de voluntad de la Generalitat de someterse a la ley». «Suponen actitudes absolutamente inadmisibles que requerirían una respuesta del Gobierno mucho más contundente de la que se ha dado hasta ahora -opina-. Y además de las palabras, hay hechos que también resultan especialmente inaceptables y ante los que el Gobierno y el Estado de Derecho deben actuar».

Abandonar la cesión

Por ello, ha pedido al Gobierno que «abandone esta política de apaciguamiento y cesión constante ante las provocaciones de las independentistas e ir a las respuestas que se requiere», y en ese sentido ha reiterado la oferta del PP de poner su mayoría absoluta del Senado a disposición del Ejecutivo por si considera necesario aplicar otra vez el artículo 155.

Eso sí, no concreta si ya es momento de poner en marcha los mecanismos del 155 pues dice que el presidente del PP, Pablo Casado, será quien module los pasos y, si llega el caso, pase de la oferta a la exigencia. «En estas cuestiones no es bueno especular, sino tomar acciones -ha indicado-. No hay que marear mucho la perdiz».

En todo caso, el portavoz ‘popular’ cree que es «difícil» que el Gobierno de Sánchez endurezca el tono «cuando su estabilidad parlamentaria depende de los independentistas», pero le recuerda que «el interés de España como país está muy por encima del interés de partido y del gobierno».