El juez ordena a la Policía la investigación definitiva sobre el borrado de la tarjeta de Dina

El juez del caso Dina-Iglesias, Manuel García-Castellón, que investiga la responsabilidad de Pablo Iglesias en la destrucción de la tarjeta del teléfono de su ex asesora Dina Bousselham, ordena a la Policía un informe definitivo sobre el borrado de la micro SD. Este nuevo análisis será determinante para una posible imputación del vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos ante el Tribunal Supremo, órgano competente debido a su condición de aforado.

El auto fechado el 2 de marzo, al que ha tenido acceso OKDIARIO, expone que la Unidad de Criminalística e Ingeniería Forense de la Policía Nacional ha remitido un informe, sobre el análisis de la tarjeta, en el que señala que «para ampliar las conclusiones acerca de los daños externos observados por los especialistas en el Informe Pericial ya emitido, y a los efectos de intentar acceder por los medios disponibles al contenido de la tarjeta y tratar de determinar los extremos mencionados por el Tribunal Supremo, las técnicas a utilizar suponen una intervención física y directa sobre la propia tarjeta, con el riesgo que, en el ámbito de la reparación electrónica de vestigios digitales, puede tener dicha intervención».

Añade: «Si la reparación finalmente fuera exitosa, el segundo de los pasos sería la realización de una copia forense del contenido de la misma para su posterior análisis y determinación de la información obrante, trabajando posteriormente sobre dichos datos para intentar determinar las cuestiones expuestas en el auto». Ésta es la respuesta de los agentes a la solicitud realizada por el instructor a principios de febrero que requirió, de acuerdo a lo expuesto por el Alto Tribunal, un segundo análisis de la micro SD.

Informe definitivo

El magistrado ha sopesado las consecuencias que supondrían este nuevo y definitivo informe. Por un lado, advierte, no puede asegurarse que el resultado de la intervención sea exitoso y, en segundo lugar, hay que tener en cuenta que la actuación se llevaría a cabo empleando técnicas invasivas que podrían dañar la tarjeta irremediablemente.

Sin embargo, considera que se trata de una prueba clave y que el Tribunal Supremo, que acordó la devolución de la exposición razonada en la que se solicitaba la imputación de Iglesias y otros miembros de Podemos, le ordenó que realizara más análisis para que la instrucción estuviese acabada.

De este modo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional ha ordenado este informe último por el cual se prevé aclarar los siguientes extremos:

– Las causas que impiden acceder a la información de la tarjeta.

– El sistema o la técnica empleada para proceder al borrado, eliminación, deterioro, inservibilidad o inaccesibilidad de los archivos que la tarjeta contenía.

– Si es posible proceder a la recuperación de todos estos datos.

– Fecha del último acceso.

Esta nueva pericial ampliada será la prueba concluyente para demostrar que Pablo Iglesias entró en la tarjeta del teléfono móvil de Dina sin el consentimiento de su propietaria y la destruyó, tal y como se desprende de las investigaciones realizadas.

Declaración de Dina

Del mismo modo, el magistrado concluye que, tan pronto como reciba este informe, citará a Dina Bousselham, atendiendo a lo expuesto por el Alto Tribunal, para dar por terminada la instrucción.

Una vez que se termine esta fase, García-Castellón deberá decidir si eleva una nueva exposición razonada al Supremo solicitando la imputación de Pablo Iglesias. En esta nueva exposición razonada, el juez de la Audiencia Nacional ya habrá realizado todo lo requerido por la Sala de Admisiones del Tribunal Supremo.

Resolución del Supremo

La Sala de Admisiones del Tribunal Supremo se pronunció a finales de enero y, en línea con el informe del Ministerio Fiscal, optó por devolver la investigación contra Pablo Iglesias como presunto autor de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa o simulación de delito por la destrucción de la tarjeta de teléfono de su ex asesora, Dina Bousselham, a la Audiencia Nacional.

Así, el auto del magistrado Andrés Palomo subrayaba que García-Castellón debía seguir investigando y que, si encuentra más pruebas de la comisión de los delitos o falta de ellas en alguno, vuelva a elevar la exposición razonada al Supremo, único lugar en el que se puede investigar e imputar a Iglesias debido a su aforamiento.

Los ocho fiscales de Lo Penal del Supremo Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Jaime Moreno, Pilar Fernández Valcárcel, Juan Ignacio Campos, Fernando Rodríguez Rey y José Luis Bueren enviaron el pasado seis de noviembre un informe a la Sala de Admisiones del Alto Tribunal en el que especificaban que: «En el caso ahora examinado. Existen indicios sólidos de la posible existencia del delito» en referencia a la revelación de secretos.

Daños informáticos

Estas nuevas diligencias serán claves para determinar el delito de daños informáticos que se le imputa al vicepresidente segundo del Gobierno. El Alto Tribunal no descarta que Iglesias pudiera ser imputado por este delito. Sin embargo, en su escrito consideró necesaria «una ampliación de la pericial informática realizada sobre los daños en la tarjeta» para precisar las causas que impiden acceder a la información de la tarjeta, cual fue el sistema o la técnica empleada para proceder al borrado, eliminación, deterioro, inservibilidad o inaccesibilidad de los archivos que la tarjeta contenía, y si es posible proceder a la recuperación de todos estos datos y fecha del último acceso. Un solicitud que ahora ha tramitado el juez García-Castellón.

Hay que recordar que el líder de Podemos recibió la tarjeta de su ex asesora el 21 de enero de 2016 de mano del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio. El empresario le citó en la sede de la extinta revista Interviú meses después de que llegará la SD del teléfono móvil de Bousselham.

Iglesias visualizó el contenido de la misma, sin el consentimiento de la dueña, y la guardó en su poder durante varios meses. En una fecha que hasta el momento no ha podido determinarse, pero que los investigadores sitúan hasta al menos seis meses después de que Asensio le entregara la tarjeta a Iglesias, el líder de Podemos le proporcionó la tarjeta de almacenamiento a su propietaria. Para entonces ésta ya estaba inservible y no podía accederse al contenido de la misma.