El Gobierno dice que “no sabe” si ha tomado alguna medida para prohibir los homenajes a etarras

El Gobierno de Pedro Sánchez desconoce qué actuaciones ha llevado a cabo para impedir los actos de enaltecimiento a etarras. Así se desprende de la respuesta del Ejecutivo socialista a través del Portal de Transparencia a una solicitud en la que se requería la «relación de actuaciones instadas por el Gobierno o por las delegaciones del Gobierno en las distintas comunidades autónomas, de oficio o a denuncia de las víctimas», desde que Sánchez llegó a La Moncloa, vía moción de censura, en junio de 2018.

La solicitud hace referencia a la aplicación del artículo 61 de la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, de 2011, que establece la «tutela institucional» en «defensa del honor y la dignidad de las víctimas».

En dicho artículo se destaca que «el Estado asume la defensa de la dignidad de las víctimas, estableciendo la prohibición de exhibir públicamente monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo, de los terroristas o de las organizaciones terroristas». Y añade que «las Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus competencias, adoptarán las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta prohibición» y «prevendrán y evitarán la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas».

En este contexto, los delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, dice la ley, «velarán por el cumplimiento de la obligación establecida en los apartados anteriores, por parte de las Corporaciones Locales, a los efectos de su reclamación de oficio ante los Tribunales de justicia que sean competentes».

«No existen datos centralizados»

El Ministerio de Política Territorial y Función Pública, al que se dirigió la solicitud, contestó al reclamante en estos términos: «No existen datos centralizados sobre las actuaciones promovidas por las delegaciones del Gobierno, de oficio o a denuncia de las víctimas». Por ese motivo, añadía el departamento, «sería necesario recabar esa posible información, en caso de que existiera, realizando la consulta a todas las delegaciones del Gobierno que componen la Administración Periférica del Estado».

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se excusaba en la necesidad de «elaborar expresamente» la información para rechazar la petición de información. «Procede resolver inadmitiendo la solicitud», concluía en su respuesta.

En su queja, el reclamante rebatió ese argumento alegando que «la información que se solicita existe y es pública», por tanto, «no supone un trabajo previo por parte de la Administración que requiera dedicación alta de recursos». Añadía también que en la respuesta «no se hace referencia alguna a las actuaciones realizadas por el Gobierno, que no exigen de reelaboración alguna».

Transparencia exige una respuesta

En sus alegaciones, el Ejecutivo se ampara en un caos burocrático para justificar que las delegaciones «gestionan un volumen amplísimo de expedientes» y «no disponen de una aplicación de gestión de los expedientes sobre sus actuaciones». En consecuencia, señalan desde el Ministerio, no es posible diferenciar en el conjunto de actuaciones llevadas a cabo por las delegaciones las referidas a la protección de las víctimas del terrorismo.

El organismo encargado de velar por la transparencia de la Administración considera que «sería deseable» que el Gobierno dispusiese de esa información «por la relevancia de dichas actuaciones» y por «el hecho de que se deriven de un mandato legal».

Transparencia da diez días para que se aporte información sobre las acciones instadas por el Ministerio y le insta además a remitir a todos los departamentos ministeriales la solicitud de información «al objeto de que por estos se responda individualizadamente sobre las actuaciones llevadas a cabo en aplicación» de la Ley de Víctimas del Terrorismo.