El Gobierno se compromete con Junts a darle el borrador de la ley de amnistía el «martes o miércoles»

El reloj electoral es implacable y al Gobierno le entran las prisas. Cada vez queda menos para cumplir con una de las dos exigencias que Carles Puigdemont ha puesto para sentarse a negociar la investidura de Pedro Sánchez: la ley de amnistía. Puigdemont no se fía del PSOE y de ahí que sus mensajes en redes sociales sean un ultimátum para que los socialistas se comprometan con la amnistía, la premisa previa a la negociación. Ante este escenario, el Gobierno ha tomado nota y ha comunicado a Junts que le entregará un borrador de la ley de amnistía «este martes o el miércoles», según ha podido saber en exclusiva OKDIARIO.

A cambio, el Gobierno ha pedido a los golpistas discreción para no quitar el foco mediático «de la investidura fake de Alberto Núñez Feijóo». Por su parte, Junts ha pedido dejar pasar las fiestas de la Merced (del viernes 22 al lunes 25 de septiembre) para hacer acuse de recibo del texto.

Este paso adelante del Gobierno confirmaría lo dicho por Oriol Junqueras cuando dio por hecho que el acuerdo que ERC había cerrado con el PSOE para la constitución de la Mesa del Congreso ya incluía la amnistía, al tiempo que avisó al presidente del Gobierno en funciones de que su formación no renunciará a la unilateralidad.

Pere Aragonés lo ha vuelto a recalcar estos días afirmando que ERC y Junts pactaron la amnistía con el PSOE el pasado 17 de agosto: «La desjudicialización definitiva por todas las vías legales ha sido ya aceptada y acordada con el Gobierno del Estado, y por lo tanto es imprescindible que, una vez culminado este paso, se abran las otras cuestiones». Tanto es así que ERC borró de su primer comunicado el compromiso de Sánchez de impulsar una Ley de Amnistía a cambio del apoyo a Armengol, como alertó OKDIARIO.

Este viraje del Gobierno es trascendental ya que es la confirmación de que los socialistas han pasado de decir que «no contemplaban» esta medida a poner su firma a un borrador en el que llevan trabajando destacados juristas de la izquierda desde hace semanas. Los socialistas saben que el tiempo para aprobar esta «cacicada» -como la tacha el PP- se agota y apuestan porque Junts se conforme con ver el texto de la ley registrado y calificado por la Mesa y así recabar los siete votos de Junts, necesarios para la investidura de Pedro Sánchez.

Puigdemont, al rescate de los CDR

La posición de Puigdemont no ha variado pese a los mensajes conciliadores que envió al Gobierno en los últimos días. Es más, ahora quiere incluir en el perdón a los CDR detenidos por fabricar explosivos. El golpista fugado sigue pensando que la única respuesta que espera el independentismo es «el fin de la represión y la amnistía total» por parte del Estado tras cuatro años de la Operación Judas. «Por muchas puertas que revienten, no podrán con nuestras convicciones», ha asegurado en un mensaje.

La Operación Judas es el nombre que recibe una operación de la Guardia Civil en la que el 23 de septiembre de 2019 se detuvieron a personas vinculadas a los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de delitos de integración en organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para cometer estragos con el fin de conseguir la independencia de Cataluña.

Eso permitiría que la amnistía alcanzara también a los Comités de Defensa de la República (CDR), y específicamente a los que están procesados por fabricar explosivos y a quienes la Fiscalía de la Audiencia Nacional atribuye delitos de terrorismo. De no llegar a tiempo la amnistía, una condena por estos hechos les supondría ser incluidos en la lista oficial de grupos terroristas de la Unión Europea.

De esa forma, los CDR se juegan mucho con la amnistía que reclama Puigdemont para investir a Sánchez presidente del Gobierno. Cabe recordar que algunos de los cabecillas de aquel grupo desarticulado en la conocida como Operación Judas se jactaban en los pinchazos telefónicos de sus comunicaciones secretas con el entorno de Puigdemont. Hablaban como si sus acciones fuesen parte de un plan mayor, pilotado directamente por las altas esferas de la Generalitat.