El Gobierno admite ante la Justicia que conocía el peligro de la «epidemia» mes y medio antes del 8-M

Los equipos jurídicos del Estado han declarado en sede judicial que el Gobierno sabía desde el 24 de enero que España se enfrentaba a una «epidemia» con alto riesgo de contagio. Lo han hecho ante la Audiencia Nacional en la Sala de lo Social. Y allí, los representantes legales del Estado no han tenido reparo en admitir que mes y medio antes del 8-M de la manifestación feminista, efectivamente, el Gobierno había empezado a comprar material por la evidencia de la entrada de la enfermedad en España.

Las declaraciones se han plasmado en un auto judicial del 6 de abril. Allí, los equipos jurídicos del Estado no sólo narran las fechas, sino que aportan todo tipo de detalles sobre las compras de material que se encargaron con destino a la protección de los agentes de la Policía Nacional. El único problema no fue, por lo tanto, que no estuviera avisado el Gobierno. Sino que las compras tuvieron una dimensión ridícula para la magnitud de la epidemia -más tarde pandemia-. Y es que era la época, tal y como han denunciado ya distintos sindicatos policiales, en la que sus mandos les trasladaban la orden política de reducir el uso de ese material de protección para no provocar «alarmismo» en la población. Traducido: para que nadie se diera por enterado de la gravedad de la epidemia.

El texto del auto refleja cómo los abogados del Gobierno apuntan que “el día 24-1-2020 por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección General de la Policía se emitió un comunicado […] de fecha 24-01-2020, alertando sobre los riesgos de contagio en España. Desde ese momento por la por la División ECONÓMICA Y TÉCNICA de la Secretaría General de Logística de dicha Dirección General se iniciaron una serie de actuaciones encaminadas a conseguir los medios de protección necesarios para hacer frente a la epidemia».

El documento no habla de algún posible caso de contagio, ni de algún caso o foco aislado, como defendería el 31 de enero Fernando Simón: el texto habla de «epidemia».

Los equipos jurídicos narran la compra de «EPI, (equipos individuales de protección)», que «consisten, fundamentalmente, en lo siguiente: – Mascarillas de protección, de todo tipo (quirúrgicas o FFP1, FFP2, FFP3, KN-95) – Guantes de Nitrilo. – Gafas de protección. – Buzos de protección. – Gel hidro-alcohólico desinfectante». El auto narra cómo «las primeras medidas fueron atender las demandas que iban llegando procedentes de los órganos centrales y territoriales, Código Seguro de Verificación E04799402-AN:iTYx-RpJi-aczw-DwNY-H […]; para lo que se utilizaron las reservas de dicho material que se encontraban en los almacenes de la División».

Es más, el documento específica que rápidamente se dieron cuenta del agotamiento del material: «Ante la insuficiencia del estocaje existente, se iniciaron ya desde el día 25-01-2020 los primeros contactos con empresas suministradoras de dichos materiales, pidiéndoles presupuestos para adquisiciones masivas de EPIs. El 28-01-2020 se recibieron los primeros presupuestos, y el día 30-01-2020 se tramitaron las primeras compras, conforme a las previsiones de la Ley de Contratos del Sector Público». Sin embargo, «inmediatamente se empezaron a recibir indicaciones de proveedores y suministradoras en el sentido de que no había material disponible, y el que existía, sólo podía adquirirse a precios que llegaban a doblar el inicialmente presupuestado», porque ya en esa época el Gobierno sabía que el resto de países se les estaban adelantando en las compras de material.

No faltaron ya entonces chapuzas: «Hubo incluso que llegar a devolver un lote de 94 cajas de mascarillas recepcionadas el 30-01-2020, por encontrarse caducadas. Por esa razón, y porque además la demanda de EPIs se incrementaba exponencialmente cada día que pasaba, y los mecanismos ordinarios de la Ley de Contratos del Sector Público no permitían atender dicha demanda con la agilidad y eficiencia necesarias, el 27-02-2020 se adoptaron las siguientes medidas: – Se ordenó a las Cajas Pagadoras provinciales de todo el territorio nacional, que con cargo a su anticipo de caja fija, gestionaran las compras de material EPI para atender las demandas de sus respectivas plantillas. – Se inició la tramitación por parte de la Dirección General de la Policía de un expediente para declarar de Emergencia la contratación de la compra de suministros de Equipos de Protección Individual dedicados a combatir el CoVid-19, por un importe inicial de 300.000 €». Y todo ello ocurrió antes del 8-M de la manifestación feminista, pese a lo que el Gobierno la mantuvo, permitió y divulgó.