El Consejo de Buen Gobierno valenciano pide el cese del edil de Transparencia (Podemos) por ocultar gastos
El Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Comunidad Valenciana pide en una resolución el cese del concejal valenciano de Transparencia ante lo que califica «una infracción grave».
En un texto que ha sido remitido al propio concejal Roberto Jaramillo (Podemos), y al que ha tenido acceso OKDIARIO, el órgano encargado de velar por la correcta gobernanza en la Comunidad Valenciana indica que ha cometido una infracción «de carácter grave» y que la Ley de Transparencia recoge en su artículo 34.2 que este tipo de faltas «cometidas por autoridades y directivos» tienen «la sanción correspondiente de la declaración del incumplimiento y publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y el cese en el cargo».
Expresa que «como no podría ser de otro modo, las citadas disposiciones le son plenamente aplicables» ya que esa norma vincula expresamente a las administraciones locales de esa comunidad autónoma. Se trata de la primera vez que sucede en España una petición de cese de estas características.
Resolución del Consejo de Transparencia. (Clic para ampliar)
El motivo de esta petición es que Jaramillo lleva desde mayo de 2017 sin informar a un ciudadano que solicitó el desglose de los gastos de los grupos municipales de Valencia.
Como ya informó OKDIARIO, por este mismo motivo este edil del Ayuntamiento de Valencia y diputado provincial encargado de Transparencia ha recibido una reprimenda del Defensor del Pueblo valenciano (el Síndico de Agravios de la Comunidad Valenciana).
Este órgano confirmó en noviembre que Jaramillo ha incumplido la legislación de transparencia ya que con la información que suministró no se puede comprobar que las subvenciones se han destinado a fines legales.
Jaramillo, que pertenece a la formación Podemos (València en Comú), tenía un mes para cumplir con el Defensor del Pueblo. Un plazo que ya ha vencido y sigue sin facilitar los datos. En esa resolución se añadía que la Intervención provincial en un informe ha puesto en evidencia “la inexistencia de un control financiero de las subvenciones a grupos municipales”. Sin embargo, la Intervención informó de “la disponibilidad de la contabilidad a petición del Pleno” por lo que “cabe concluir la plena disponibilidad de esta información para la corporación provincial”.
Asimismo, el Defensor del Pueblo explicó que siendo fondos destinados al funcionamiento del grupo político, no deben contener datos personales de la esfera íntima que tengan que quedar excluidos del cumplimiento de la solicitud de información.
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