El Ayuntamiento de Torrelodones deja sin trabajo y sin cobrar el paro a 18 operarios de parques y jardines

El Ayuntamiento de Torrelodones y su alcalde, Alfredo García-Plata, de Vecinos por Torrelodones (VT), mantiene sin trabajo y sin poder, tampoco, cobrar el paro a los 18 trabajadores del servicio de parques y jardines. Los trabajadores hablan del «abandono» al que les tienen sometidos el alcalde y el concejal de Medio Ambiente, Luis Berutich. «No se dignan ni a recibirnos para escucharnos», se lamentan.

Tal y como adelantó OKDIARIO, el grupo municipal de Vox denunció hace días «el trato inmoral e inhumano al que somete la Junta de Gobierno a estos trabajadores». Según Vox, la «ineptitud» del concejal Berutich ha llevado a una «situación límite» a estos trabajadores y a sus familias en plena pandemia.

«Es pura dejación de funciones por parte del ayuntamiento», confirman fuentes sindicales de UGT. «En julio de 2019, hace un año -explican- venció la concesión a la empresa Valoriza para el mantenimiento de parques y jardines. Como el ayuntamiento no convocó entonces el concurso, Valoriza lo prorrogó, de acuerdo al propio contrato, un año más hasta julio de este año, que cesó definitivamente la concesión».

Ahí llegó el problema  para los trabajadores. Valoriza tuvo que dejar de prestar el servicio el mes pasado y el ayuntamiento, un año después, sigue sin presentar los pliegos para el concurso. El consistorio reconoció el viernes en una nota que los 18 trabajadores de la concesionaria Valoriza han de subrogarse a la nueva empresa, pero mientras no haya una nueva concesión todos ellos se quedan en un «limbo legal» porque oficialmente tampoco están en paro.

«Es incomprensible», se lamentan las fuentes consultadas. «Un año lleva el ayuntamiento sin convocar el concurso, ahora se han ido de veraneo y dicen que lo harán dentro de dos meses». «Lo más lamentable es que se escudan en el covid para intentar explicar que no lo han convocado estos meses tampoco por el confinamiento, como si los ayuntamientos de España se hubieran paralizado».

Mientras, los 18 trabajadores están sin ingresos y sin poder cobrar tampoco la prestación de desempleo. «Si el ayuntamiento no hace nada pueden estar así hasta noviembre que se resuelva el concurso». Hay un riesgo añadido, apuntan las fuentes. Si pasan más de cuatro meses desde el fin de la contrata, los trabajadores perderían en noviembre su derecho a la subrogación de acuerdo a la ley.

Fuentes sindicales señalan que «al admitir el ayuntamiento la subrogación, los trabajadores ya no tienen vinculación a Valoriza y lo son del servicio de parques y jardines que prestan. Por tanto, es el ayuntamiento quien debería hacerse cargo de ellos mientras llega la nueva licitación». Pero, muy al contrario, el alcalde y el concejal «se han lavado las manos y no les preocupa la situación de estas 18 familias».

Muchos de ellos son vecinos de Torrelodones y todos llevan una media de 10 años cuidando los parques y jardines del municipio. Mientras, el equipo de Gobierno está usando a otros trabajadores municipales para realizar parcialmente esta labor, incumpliendo, aseguran fuentes sindicales, la Ley de Contratación.

La situación es tan enrevesada para estas 18 personas y sus familias que si demandaran y ganaran el juicio serían -entonces sí- formalmente declarados como despedidos, podrían cobrar lo que les deben desde su última nómina de julio, pero perderían entonces el derecho a la subrogación y se quedarían sin trabajo. Un laberinto que el ayuntamiento podría resolver de inmediato con voluntad de hacerse cargo de ellos mientras llega la nueva contrata.

Este jueves, a las 11 de la mañana, van a manifestarse frente al consistorio.

Agujero de 100.000 euros

Esta polémica no es la única que afecta al ayuntamiento de Torrelodones. La anterior alcaldesa, Elena Biurrun, y su marido, Santiago Fernández, ex concejal de Urbanismo, dejaron un agujero de 100.000 euros en el Ayuntamiento durante la pasada legislatura. Ambos pertenecen también a Vecinos por Torrelodones. Biurrun es, actualmente, la jefa de Gabinete de José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Fernández dio orden de devolver 100.000 euros a un proveedor saltándose varios procedimientos y haciendo oídos sordos a dos sentencias en contra.  El actual equipo de Gobierno habla de un «error administrativo que esta administración lamenta y está tratando de subsanar, utilizando el procedimiento jurídico adecuado para estos casos, la declaración de lesividad». El pasado día 24 tuvo que convocarse un pleno extraordinario para aprobarla.

El PP cree que Fernández actuó de forma «irregular» y ha provocado «un perjuicio patrimonial de más de 100.000 euros a las arcas municipales».

Entre los asesores actuales del ministro Escrivá, junto a Biurrun y Fernández, también aparece Ángel Guirao, que era, entonces, concejal de Comunicación.