Podemos propone derogar las normas que permitieron al Gobierno intervenir las cuentas de Cataluña

El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha registrado una enmienda parcial a los Presupuestos Generales del Estado para 2018 en la que insta al Gobierno de Mariano Rajoy a que deroga todas las normas legales con las que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, intervino las cuentas de la Generalitat de Cataluña antes de la aplicación del 155.

De este modo, el partido de Pablo Iglesias se pone del lado de los golpistas de Carles Puigdemont y reclama que tales órdenes ministeriales queden sin efecto. Lo hace ahora justo en un momento marcado por el debate sobre si el ministro Montoro llevó a cabo una intervención efectiva de las cuentas de la Generalitat o, por el contrario, su control no fue suficiente -como sospecha Ciudadanos- para que los separatistas destinaran fondos públicos a la organización del referéndum ilegal del 1-O.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena está investigando estos hechos por un presunto delito de malversación en base a un informe de la Guardia Civil que cifra en 1,9 millones de euros la cuantía desviada para la celebración de la consulta separatista.

En dicha enmienda parcial a los PGE de 2018, Podemos propone que «se derogan todas las normas legales y reglamentarias aprobadas para la intervención económica de la Generalitat de Catalunya, aprobadas y dictadas con anterioridad a la aplicación a Catalunya del articulo 155 de la Constitución».

En concreto, el partido de Iglesias hace referencia a la Orden PRE/2454/2015, de 20 de noviembre; la Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre; la Orden HFP/886/2017, de 20 de septiembre, por la que se declara la «no disponibilidad de créditos en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Cataluña para el 2017»; y la Orden HFP/1102/2017, de 16 noviembre, sobre «operaciones contables de cierre del ejercicio presupuestario de 2017».

De estas normas, la firmada el 20 de septiembre del pasado año por el ministro de Hacienda -a sólo 10 días de la celebración del referéndum- supuso el control total de la cuentas catalanas. Tuvo lugar después de que el entones presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, desoyera el requerimiento en este sentido del Gobierno.

Con dicha orden se declaró la no disponibilidad de crédito en todas las aplicaciones presupuestarias correspondientes al sector público administrativo que no afectaran a servicios fundamentales. Fue a interventora general de la Generalitat de Cataluña, Rosa Vidal, quien recibió la notificación del Ministerio de Hacienda. Para aquel Ejecutivo de Puigdemont, con esta decisión quedó «suspendida ‘de facto’ su autonomía financiera»

La no disponibilidad de crédito de la Generalitat de Cataluña en el gasto de los servicios no fundamentales afectaba a unos 4.500 millones de euros, según informaron entonces fuentes de Hacienda.

«De forma inmediata»

En la justificación del contenido de esta enmienda, el grupo de Unidos Podemos y sus confluencias se limitan a señalar que «sin perjuicio de la necesidad de levantar de forma inmediata la aplicación a Catalunya del artículo 155 de la Constitución, resulta necesario derogar de forma inmediata aquellas normas legales y reglamentarias a través de las cuales se intervino económicamente la Generalitat de Catalunya con anterioridad».