El Gobierno manda a Cataluña el 66% de los 180 millones para crear vivienda en zonas tensionadas de toda España

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un nuevo real decreto para repartir 180 millones de euros en subvenciones directas a las comunidades autónomas donde la crisis de vivienda ha azotado más fuerte a sus ciudadanos. Sin embargo, según ha citado la propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, más de 119 de esos millones irán directamente para Cataluña. El restante se repartirá entre otras cuatro regiones españolas.

Esta dotación tiene previsto recaer sobre los 317 municipios declarados zonas tensionadas que abarcan a más de 9 millones de habitantes en cinco comunidades autónomas, pero, de nuevo, la Comunidad de Madrid no recibirá ayudas del Ejecutivo para la construcción.

De estos 180 millones, Cataluña recibirá la mayor partida, con 119,4 millones de euros para sus 271 municipios declarados zonas tensionadas. Le siguen Euskadi, con 31 millones para 18 municipios; Navarra, con 13,3 millones para 21 municipios; Galicia, con 10,2 millones para A Coruña y Santiago de Compostela; y Asturias, con 5,9 millones para cinco municipios.

Rodríguez ha explicado que el reparto de los fondos tiene en cuenta tanto la población afectada por la declaración de zona tensionada como el esfuerzo que realizan las familias para pagar el alquiler, de forma que la financiación sea mayor en los territorios con más población afectada y mayores dificultades para afrontar estas rentas.

La ministra ha defendido que la declaración de zonas de mercado residencial tensionado no supone reconocer una situación positiva, sino constatar la existencia de un problema que «requiere soluciones extraordinarias». En este sentido, ha recordado que estas zonas permiten aplicar medidas como la limitación de las subidas del alquiler al finalizar los contratos y las bonificaciones a los propietarios que reduzcan las rentas.

Las comunidades autónomas podrán destinar las subvenciones a cinco ámbitos de actuación. El primero es la promoción y rehabilitación de viviendas, así como el desarrollo de soluciones habitacionales alternativas, para destinarlas al alquiler social o asequible, con independencia de la calificación y titularidad del suelo.

Los fondos también podrán financiar la adquisición de suelo con edificabilidad residencial por parte de las administraciones autonómicas o de sus entidades dependientes o vinculadas con competencias en materia de vivienda, así como el desarrollo y la urbanización de terrenos destinados a uso residencial.