La subida de impuestos a los planes de pensiones roba 2.300 millones de euros al ahorro privado desde 2022

Cinco años después de que entrara en vigor la última gran reforma de la legislación sobre planes de pensiones privados en nuestro país, que impuso un giro de 180 grados en el ámbito fiscal con la intención de favorecer los productos financieros de empresa a costa del ahorro individual, el balance que deja esa empresa legislativa es más bien decepcionante.

Si en 2020, último año antes de que el Gobierno aplicara un tijeretazo del 75% en las deducciones fiscales de las que se beneficiaban los planes individuales, los españoles aportaron 5.537 millones de euros a todo tipo de fondos de inversión a largo plazo (ya fueran personales o de empresa), en 2025 esa cifra había caído hasta los 3.245 millones; es decir, 2.292 millones menos.

La razón de esta debacle es bien sencilla, y es que la reforma tributaria fue muy efectiva a la hora de disuadir a los españoles de contratar una pensión privada por su cuenta, pero no tanto a la hora de espolear los planes de empleo, que son aquellos que impulsan las empresas para integrar a sus trabajadores en un fondo de ahorro exclusivo para ellos y hecho a su medida. A diferencia de lo que ocurre con los productos personales, los de empresa se financian mediante las aportaciones del empleador, aunque los trabajadores pueden contribuir.

El caso es que la experiencia de éxito en países como Reino Unido o Irlanda ha demostrado que los fondos creados a nivel de empresa son una de las mejores soluciones para complementar las pensiones públicas, por ello el Gobierno convirtió su desarrollo en uno de los compromisos incluidos en el Plan de Recuperación remitido a Bruselas en 2021. Concretamente, el objetivo trazado por el entonces ministro de Seguridad Social -y ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá- era que para 2030 en nuestro país hubiera once millones de personas acogidas a este modelo.

Cinco años después, la realidad es bien distinta, pues apenas 3,3 millones de trabajadores participan en un producto de este tipo mientras 7,2 millones tienen un plan de ahorro personal. Bien es cierto que la participación en fondos de empresa está creciendo de forma sensacional, pues en apenas un año lo ha hecho un 12,5% (según datos de Inverco, la asociación que representa los intereses de la inversión privada en España), pero también lo es que apenas un 15% de los trabajadores está acogido a este tipo de inversión mientras que en la Unión Europea la media es del 28%.

Además -y esto es lo más grave–, el auge de los planes de empleo (o de empresa) se ha logrado en buena medida a costa del estancamiento de los de tipo individual; en el último año, el número de clientes acogidos a estos últimos se ha reducido en un 0,3%. Según se lee en Alternativas en el pilar II desde una perspectiva internacional, un reciente informe elaborado por Grupo Mutua, actualmente las prestaciones que dan los productos individuales superan en 1,8 veces las aportaciones, lo que equivale a decir que sale más dinero del que entra.

Para explicar esto hay que retrotraerse a 2021, cuando -a través de los Presupuestos Generales de aquel año- el Gobierno rebajó de 8.000 a 2.000 euros anuales el límite máximo de aportación a los productos de ahorro personal que se podía acoger a una deducción en el IRPF. Un año más tarde, una reforma de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones redujo a 1.500 euros ese límite e hizo todo lo contrario en el caso de los planes de empresa.

Para estos últimos, el máximo deducible se amplió hasta los 8.500 euros (antes estaba en 8.000 euros), una medida que vino acompañada de otros incentivos en Impuesto de Sociedades e Impuesto sobre Transacciones Financieras.

Sin embargo, y como ya se ha avanzado, el resultado de esta reforma fiscal ha sido decepcionante. O al menos, esa es la opinión de Grupo Mutua, Inverco y Unespa (la patronal de los seguros), que en una mesa redonda celebrada en Madrid el jueves pasado -con ocasión de la presentación del informe de Grupo Mutua- coincidieron en que la medida no ha sido capaz de fomentar el ahorro privado y en que esto es un problema de primera magnitud, ya que mientras tanto el sistema público sigue asumiendo la mayor parte del esfuerzo para sostener las rentas en la tercera edad, a un coste para el Estado que en 2026 superará los 60.000 millones de euros, más que todo el déficit proyectado.

Bien es cierto que el Ejecutivo asegura que las nóminas de los jubilados están garantizadas, pero lo cierto es que seis de cada diez españoles no lo ven así (según una encuesta de Grupo Mutua).

Para hacer frente a esta situación, gana fuerza el concepto del autoenrolment; es decir, la adscripción automática de los trabajadores a fondos de inversión creados por su empresa. En opinión de las principales patronales del sector, España debería avanzar hacia un modelo que consiga universalizar este modelo de adscripción por defecto; y hacerlo, por cierto, sin que el precio a pagar tenga que ser la liquidación de los productos de tipo personal, advirtió durante la mesa redonda Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco.