Saracho dijo que o vendía el Banco Popular o se lo «estampaba» al BCE, según un directivo

Carlos Balado, ex director de comunicación del Banco Popular, ha asegurado que Emilio Saracho se hizo cargo del banco con la única intención de vendérselo a alguien o si no, de «estampárselo en la boca» a la presidenta del Mecanismo Único de Supervisión (MUS), dependiente del Banco Central Europeo (BCE), Danièle Nouy, según él mismo dijo.

Balado ha declarado este jueves como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.  El conocido director de comunicación financiero y responsable de la comunicación del Popular entre 2012 y 2017, ha achacado su salida de la entidad al deseo de Saracho de vender el «puto banco» y no tenerlo a él como testigo.

En la boca

De no prosperar su venta, la otra opción era «estampárselo en la boca» a Danièle Nouy, al frente del MUS, como él mismo se lo dijo personalmente.

De este organismo depende, precisamente, la Junta Única de Resolución (JUR), que meses más tarde acordaría la resolución del Popular por su situación de «quiebra o próxima a la quiebra».

Este mismo comentario fue relatado por el anterior presidente del banco, Ángel Ron, durante su intervención en la comisión del Congreso de los Diputados que investigaba la crisis financiera, en junio de 2019.

En aquella ocasión, Ron relató a los diputados que «Saracho me dijo que un principio básico en su labor de banca de inversión era infundir pánico», especialmente entre las autoridades, «por lo que quería trasladar la idea de que estaba dispuesto a estrellar el avión en las puertas del Banco Central Europeo (BCE)».

Reexpresión de cuentas

Balado ha aludido al hecho relevante enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 3 de abril de 2017, dos meses antes de la resolución del banco, en el que se comunicaba la reexpresión de las cuentas del ejercicio anterior, lo que hizo ascender a 3.611 millones de euros las pérdidas.

Un día antes, el domingo 2 de abril, Saracho convocó a los directores generales en el bufete de abogados Uría Menéndez, para «preparar» el contenido del hecho relevante, «sin que hubiera nada», y «encargó a sus directivos que encontrasen algo» para publicarlo.

Por esas fechas, ha añadido el exdirectivo, el entonces presidente trasladaba que el Popular «valía cero», extremo que Balado ya relató en su testifical en la causa civil sobre la prejubilación e indemnización de Ron.

«No valía nada»

En aquella vista, Balado dijo haberse sorprendido cuando un «taxativo» Saracho, en un encuentro con periodistas meses antes de la resolución, dijo que el Popular «no valía nada, que la acción valía cero y que por lo tanto los accionistas tenían que saber que eran las reglas del mercado, tenían que saber que lo perdían todo».

Una información que era «contradictoria» con lo que presentó un mes más tarde el equipo gestor a la CNMV «indicando que el valor del banco, el valor patrimonial era de 11.000 millones de euros».

Sobre el cese de Pedro Larena como consejero delegado, función que desempeñó entre finales de agosto del 2016 y abril de 2017, Balado ha indicado que éste «sólo se lo comentó al presidente» y que nadie más estaba al tanto, de ahí que presuponga que «sólo Saracho pudo filtrarlo a los medios».

Fue el propio Saracho quien filtró la información que puso en jaque al banco, según ha dicho Balado que le desveló el periodista que la publicó

Al igual que en la vista por la prejubilación de Ron, Balado se ha referido a la noticia del 11 de mayo de 2017 en la que un conocido medio de comunicación ponía en duda la solvencia del banco y anunciaba la quiebra inminente del Popular.

En esta ocasión, el ex director de comunicación ha revelado el nombre del periodista que le desveló que fue el propio Saracho quien le filtró dicha información.

Estas supuestas filtraciones centran la segunda pieza del caso, sobre los 108 días de mandato de Saracho, en la que se investiga un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.

La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017, cuando el entonces titular del juzgado, Fernando Andreu, admitió a trámite varias querellas contra los dos últimos presidentes del Popular, Ron y Saracho, sus respectivos Consejos de Administración, el socio auditor de las cuentas y la firma PwC, por varios delitos societarios.

Al margen de la pieza sobre Saracho, el magistrado también abrió otra que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016.